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Miércoles , 20.03.2019 / 08:08 Hoy

“La alerta de viaje es inédita para un país como Nicaragua”

El diplomático expresó su preocupación por las capturas en el país centroamericano, entre ellas la del sobrino del actor Daniel Giménez Cacho, miembro de una ONG ambientalista.

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A cinco meses de las elecciones en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega confía en su tercera reelección consecutiva desde 2007 y un cuarto mandato en total (1984, 2006, 2011 y 2016), la tensión política ya se deja sentir, aunque Ortega tiene asegurado el triunfo luego de que la Corte Suprema —controlada por el Ejecutivo, según sus críticos— desconociera este mes al líder del principal partido de oposición, Eduardo Montealegre, como líder del Partido Liberal Independiente (PLI), fundado en 1944, el cual encabezaba a su vez a una coalición de movimientos y partidos anti-Ortega, que se quedaron ahora sin casilla ni candidato. Tampoco habrá observadores internacionales, porque Ortega también los prohibió.

En este marco es que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió ayer una alerta de viaje para Nicaragua, luego de tres incidentes que involucran a ciudadanos mexicanos, el último de ellos ocurrido el sábado cuando cuatro jóvenes, uno de ellos con la doble nacionalidad española, fueron detenidos en el sur del país sin que la embajada de México pudiera conocer su paradero ni ofrecer la debida asistencia consular. Los jóvenes no fueron presentados en los lapsos legales por la Policía, que tampoco informó dónde están. La alerta de viaje de la SRE, publicada en su página de internet, pide a los mexicanos que viajen o residan en Nicaragua notificar sus datos de contacto e itinerario de viaje y abstenerse de participar en actividades de carácter político.

En entrevista con MILENIO, el embajador de México en Nicaragua, Miguel Díaz Reynoso, calificó de "inédita" la alerta de la SRE —donde también se pide evitar acercarse a reuniones o manifestaciones políticas y a cualquier mexicano comunicarse de inmediato con la embajada "si sospecha que es investigado y podría ser detenido"—, ya que "es la primera vez que México emite una alerta de este tipo sobre Nicaragua".

La razón: "Son muchos los casos de detenciones arbitrarias que hemos tenido", detalla Díaz Reynoso.

"Hace dos semanas —recuerda—, el joven mexicano oriundo de Zacatecas, Jobany Torres, estudiante de ingeniería, que realizaba prácticas en un área minera fue detenido durante 12 días sin que se supiera su paradero". Luego de las gestiones de México fue deportado el 15 de junio tras el pago de una multa por "simulación de delito". Y la semana pasada, dice Díaz Reynoso, la politóloga mexicana Viridiana Ríos, investigadora del Wilson Center de Washington, tuvo que abandonar Nicaragua dos días después de haber llegado, al sentir que era seguida por la policía.

"No es invento, yo mismo vi por la ventana de la embajada que había policiales rodeando nuestra sede cuando Viridiana llegó tras avisarnos por teléfono que estaba siendo seguida. Ella había hecho entrevistas sobre el tema de pobreza y seguridad en Ocotal", en el noroeste del país, afirma el embajador.

"Le pedimos que viniera de inmediato —añade—. Ella no sabía del caso de Jobany, detenido sin el debido proceso y golpeado. Le dijimos que tomara la mejor decisión y ella decidió irse. La acompañamos al aeropuerto y se fue en el primer avión".

Anoche, el embajador estaba a la espera de noticias sobre la inminente deportación de los jóvenes Daniel Espinosa Giménez (mexicano-español, 25 años), hijo de la promotora cultural Julieta Giménez Cacho, director de la Casa del Lago y sobrino del actor Daniel Giménez Cacho; Salvador Tenorio Pérez, Emmanuel de la Luz Ruiz y Eugenio Paccelli Chávez, todos de 25 años. Según informó ayer la auxiliar nicaragüense, Guiselle Borge, los jóvenes ambientalistas detenidos el sábado junto a la argentina Ana Laura Rodríguez (27) y el costarricense Byron Reyes Ortiz (28), no serán acusados penalmente y "ya fueron entregados a las autoridades de Migración".

Borge añadió que los jóvenes desaparecidos "nunca estuvieron detenidos" y que el Ministerio Público "determinó no ejercer una acción penal" como miembros de la ONG Caravana Mesoamericana del Buen Vivir, que recorre lugares vulnerables de México y Centroamérica divulgando proyectos sustentables .

"No sabemos nada de ellos, nadie nos ha dicho dónde están y ya deberían haberlos presentado. Solo nos dijeron que están bajo investigación por un tema de explosivos", precisó Díaz Reynoso, y destacó que "casi de inmediato tuvimos conocimiento de la detención y hablamos con todas las familias".

"Los muchachos son nobles, Daniel es parte de una familia española muy arraigada y de gran influencia en el mundo cultural y académico de México, y los otros muchachos son también ambientalistas reconocidos en sus universidades y que promueven un proyecto noble como es la protección de la naturaleza. No son delincuentes", dijo enfático Díaz Reynoso.

La policía arrestó al grupo el sábado en la comunidad rural La Fonseca a raíz de una explosión ocurrida cuando impartían a campesinos un taller para la fabricación de hornos artesanales. La fiscal Borge admitió ayer que los jóvenes "daban charlas para fabricar hornos artesanales" y que la explosión se produjo cuando "manipularon barriles con residuos de combustible".

"De hecho —añade Díaz Reynoso—, el mismo sábado presentamos una nota diplomática ante el gobierno de Nicaragua para solicitar información sobre la detención de los ambientalistas, cuyo paradero nunca fue dado a conocer por la policía" tras su captura en el municipio de Nueva Guinea, unos 300 kilómetros al sureste de Managua.

Con el grupo también fue detenida la líder campesina nicaragüense Francisca Ramírez, miembro del ecologista Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, opuesto a la construcción de un canal interoceánico por un consorcio chino en el sur de Nicaragua. Ramírez afirmó que el gobierno de Daniel Ortega "quiere intimidarnos para acabar con nuestro movimiento".

El gobierno y la policía "quieren convertir la región del canal en una zona de excepción, donde no hay derechos y se pretende infundir terror" entre nacionales y extranjeros, afirmó a su vez ayer la abogada Mónica López, defensora del Consejo Nacional. "Si el horno hubiera estallado en otro sitio, no hubiera pasado nada", añadió la ambientalista.

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