Un juez federal le prohibió al gobierno de Estados Unidos retirar la protección que el programa DACA les otorga a los dreamers con el fin de que no pierdan su permiso de trabajo ni sean deportados.
El juez de distrito Philip Gutiérrez amplió un interdicto preliminar que emitió anteriormente en una demanda que alega que el gobierno de Donald Trump está sacando a la gente del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) sin darles una oportunidad de defenderse.
Ese programa implementado por el presidente Barack Obama les permite a esos inmigrantes vivir y trabajar en Estados Unidos bajo ciertas condiciones, a menos que cometan delitos graves o repetidas veces.
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En su demanda, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) alega que, en muchos casos, el gobierno puso fin injustamente a la participación de los inmigrantes en el DACA aunque nunca fueron declarados culpables de ningún delito grave. Perdieron sus permisos para laborar y fueron colocados en proceso de deportación.
Los abogados de la ACLU dijeron que cuando menos 22 personas fueron suspendidas del DACA y cientos más podrían verse afectadas.
Gutiérrez concedió el estatus de demanda colectiva, lo que significa que protegerá a los beneficiarios del DACA que, después del 19 de enero, se les revocó o se les revocará su afiliación al programa. El juez le prohibió al gobierno revocar dicha afiliación sin proporcionar un aviso previo y una explicación. A los que ya la han perdido se les debe restituir.
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La audiencia se efectuó el mismo día en que la Corte Suprema federal rechazó asumir la apelación del gobierno de Trump a la orden de un tribunal que le manda seguir aceptando las solicitudes de renovación para el DACA mientras continúen las impugnaciones legales en torno al destino del programa.
El año pasado, el gobierno decidió eliminar gradualmente el programa para cientos de miles de inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños o que se quedaron al vencerse sus visas de turistas.
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