El juez federal, Alvin Hellerstein, dio luz verde para que el gobierno de Venezuela comience con la transferencia de recursos que permitan cubrir los significativos honorarios de los abogados privados que representan al ex presidente Nicolás Maduro, y a su esposa Cilia Flores, en el caso abierto en su contra en Nueva York por delitos del narcotráfico
En una orden publicada hoy en los registros judiciales del caso, el juez acepta la solución que previamente hayan presentado los fiscales sobre el financiamiento de la defensa, una vez que se levantaron las restricciones que se habían impuesto por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina para el Control de Activos ( OFAC).
Hellerstein adelantó, además, que es probable que también conceda el plazo de 60 días requerido por ambas partes para que se lleve a cabo la primera audiencia de revisión del proceso, siempre y cuando se le informe de manera justificada la necesidad de que se conceda dicho plazo.
Con la decisión el juez queda despejado de forma definitiva el problema de los pagos de los honorarios a la defensa de Maduro encabezada por el abogado privado Barry Pollacl. A su vez queda desestimada la petición de la defensa para que todo el proceso fuera descartado por violaciones procesales.
Cabe redora que, originalmente, el Departamento de Justicia de los EU se había opuesto a que se utilizaran recursos públicos del Gobierno de Venezuela bajo el argumento de que e trataba de un gobierno sancionado por temas de corrupción, por patrocinio al terrorismo y violaciones a derechos humanos.
El pasado 26 de marzo las partes debatieron por casi una hora frente al juez sobre las restricciones de la transferencia de recurso que la defensa consideraba urgentes, pero que desde el punto de vista de los fiscales abrían la puerta a la introducción de recursos de riesgo en el sistema financiero estadunidense.
Sin embargo, el pasado fin de semana los fiscales notificaron al juez que las sanciones impuestas al gobierno de Venezuela habían sido modificadas, lo que permitiría la llegada de los recursos.
En ese contexto, la determinación tomada por el juez este 27 de abril permite que el proceso avance hacia la producción y entrega de la evidencia entre las partes de cara a un eventual juicio.
