John Kennedy ha dejado más que claro que no descansará en lo que se refiere al combate del tráfico de drogas, especialmente fentanilo. A menos que se trate de regular el comercio de armas de fuego, porque el senador republicano por Luisiana es un defensor a ultranza de la Segunda Enmienda de Estados Unidos.
El senador republicano representa a las más de 4 millones y medio de personas de Luisiana desde 2017.
El 10 de mayo, en un arranque de ira ante la jefa de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Anne Milgram, durante una audiencia en el Senado, el legislador Kennedy dijo que sin los ciudadanos estadunidenses “México, por decirlo de forma figurada, estaría comiendo comida de gato de una lata y viviendo en una tienda detrás de un patio”.
El congresista buscaba presionar a la administradora de la agencia antidrogas para que el gobierno mexicano permitiera el ingreso de soldados y agentes para combatir a los cárteles de la droga.
Kennedy, además, trabaja en una propuesta legislativa para que las personas que porten desde 400 gramos de fentanilo enfrenten una pena mínima de 10 años de prisión.
“Eso es suficiente para matar a 200 mil personas. En otras palabras, una sicario podría poseer suficiente fentanilo para matar a los 184 mil residentes de Shreveport y aún así no alcanzar los 10 años obligatorios de sentencia”, detalló el legislador en una editorial en el medio USA Today.
“Esta iniciativa no busca castigar a los adictos por ser víctimas de los esquemas de los cárteles que nacen en México y son alimentados por los productores chinos de fentanilo.”
Kennedy, sin embargo, ha decidido no poner atención en quien alimenta el poder de fuego de los cárteles: la industria armamentista estadunidense. El senador tiene una calificación de A+ por parte de la Asociación Nacional del Rifle, el poderoso lobby que impulsa las leyes que protegen la portación y el comercio legal de armas de fuego. Es como si tuviera una calificación de 10 por parte del grupo que, además, impulsó su campaña para el Congreso e invirtió 215 mil dólares (más de 4 millones de pesos) en su carrera política.
Por ejemplo, se opone a que el gobierno prohiba a ciertas personas que puedan representar una amenaza adquirir armas de fuego. También ha combatido el que se regulen las transferencias entre privados de armas de fuego, una de las vías por las que los traficantes de armas logran obtener los productos que después llegan a manos de sicarios de cárteles de la droga.
También se opone a la prohibición de ciertas armas de asalto y cargadores de alta capacidad, en medio de una crisis por tiroteos en todo el país que ha dejado más de 6 mil muertos en lo que va del año.
EHR
