Casi mil 500 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia detenidos en Colombia completaron diez días de huelga de hambre con el fin de exigir al gobierno la rápida aplicación de la ley de amnistía pactada en el marco del acuerdo de paz.
De acuerdo con las FARC, cuatro de los miembros de la guerrilla han "presentado deterioro en su salud" a causa de la medida que busca la amnistía para cerca de dos mil 500 detenidos en 23 cárceles del país, según cifras del grupo.
"Ya son cuatro los prisioneros políticos que presentan deterioro en su salud por huelga de hambre", confirmó NC Noticias, el medio de comunicación digital que las FARC utiliza para difundir su información.
Asimismo, la Coordinación Colombia-Europa Estados Unidos (Coeuropa), una red que agrupa a más de 250 organizaciones sociales y de derechos humanos, manifestó en una carta abierta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, su preocupación por la situación de los guerrilleros.
"Hacemos un llamado a usted señor presidente, a todo su gabinete, a la rama judicial para que no se dilate más la salida de los 3 mil 400 presos políticos que se encuentran aún en las 23 cárceles de todo el país, de los cuales mil 760 se encuentran en desobediencia civil, mil 486 en huelga de hambre", detalló el texto.
Coeuropa insistió en que "estos hombres y mujeres deben ser cobijados rápidamente por la ley de amnistía e indulto sancionada el 30 de diciembre de 2016", un mes después de que Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaran el acuerdo final de paz.
En los últimos días, el líder guerrillero Seusis Pausivas Hernández, conocido como "Jésus Santrich", quien hizo parte de la mesa de negociación en Cuba, se unió a la huelga "como muestra de solidaridad".
También lo hizo Ricardo Téllez, otro jefe de las FARC, quien aunque destacó el fin de semana pasado el indulto a 320 guerrilleros, reiteró que "todos" deben quedar libres.
De acuerdo con cifras de las FARC, al menos mil guerrilleros han salido ya de las cárceles colombianas.
Sin embargo, el grupo espera la libertad de otros dos mil 500 miembros acusados de delitos políticos y conexos, y no de crímenes de guerra ni de lesa humanidad.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha asegurado por su parte que aunque el Gobierno "está haciendo todo lo posible para que se agilice el proceso", hay algunas decisiones que dependen además de la rama Judicial.
jamj
