La Fiscalía de Perú interroga hoy en Casa de Pizarro, sede del gobierno del país sudamericano, al mandatario de esa nación, Pedro Castillo, en una investigación por presunto favoritismo en ascensos de militares, y aunque el presidente no está investigado, los acusados pertenecen a su entorno cercano.
Ésta es la primera vez durante su mandato que Castillo -en calidad de testigo- será interrogado por un fiscal, pero ya había ocurrido con otros presidentes: en 2017 y 2018 el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) fue interrogado por un fiscal por su presunta relación con un caso de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht.
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La Fiscalía investiga si un ex asesor presidencial y un ex ministro de Defensa de Castillo presionaron a los entonces jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea para ascender de forma irregular a cinco militares que laboraban cerca del presidente.
Pese a que los ascensos no se produjeron, los integrantes de la fiscalía consideran que podrían haberse cometido los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal.
De acuerdo con la ley, la Fiscal general Zoraida Ávalos tenía que interrogar al mandatario, pero el lunes fue internada en una clínica por unos problemas renales. La reemplazó en la diligencia el fiscal Ramiro González, según el Ministerio Público y fotos publicadas por la presidencia.
La investigación, aún a nivel preliminar, surgió tras una denuncia del ahora ex jefe del Ejército José Vizcarra, quien dijo en noviembre que recibió presiones de los entonces secretario presidencial, Bruno Pacheco, y ministro de Defensa, Walter Ayala, para ascender a militares cercanos al gobierno.
Existen otras tres investigaciones preliminares en las que otros fiscales podrían llamar a declarar a Castillo en calidad de testigo, de acuerdo con expertos.
Una de ellas consiste en la investigación al ex secretario presidencial Pacheco por presuntamente presionar al jefe de la agencia tributaria para favorecer a una empresa. En otra, el mismo ex funcionario está bajo la lupa por presuntas irregularidades en la concesión de la construcción de una carretera a una compañía.
En el tercer caso se investigan las visitas al mandatario de un empresario petrolero que luego ganó una licitación para venderle biodiésel al país sudamericano.
En cinco meses de gestión, Castillo ya afrontó un pedido de vacancia presidencial impulsado por la oposición legislativa que no avanzó por falta de votos. El mandatario no ha concedido ninguna entrevista a la prensa ni ha explicado con detalle las acusaciones en su contra.
Castillo, el primer presidente electo democráticamente luego de tres anteriores mandatarios que asumieron en medio de una crisis político, empezó su gestión el 28 de julio y según la ley debe concluir en 2026 su gobierno.
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