Una familia de tres miembros de origen mexicano ha sido acusada en Estados Unidos de traficar y explotar a inmigrantes compatriotas en granjas agrícolas en varios estados del país, y afrontan cadena perpetua si son declarados culpables y condenados a las penas máximas por cada delito.
¿Qué fue lo que ocurrió?
El Departamento de Justicia informó este lunes de la acusación contra Martha Zeferino José, de 42 años, una mexicana con residencia permanente en Estados Unidos que reclutaba a trabajadores agrícolas mexicanos con visados temporales H-2A a través de su empresa Las Princesas de manera fraudulenta junto a su pareja e hijo.
Los otros dos acusados son José Rodríguez Muñoz, descrito como un inmigrante indocumentado, y Jeremy Zeferino José, de 23 años, mexicano con residencia permanente en Estados Unidos.
Entre el verano de 2021 y 2022, Zeferino y sus cómplices presuntamente cobraron "importantes comisiones" a los temporeros por la solicitud de los visados, y a su llegada "confiscaron sus pasaportes, visas y documentos de identificación para evitar que se fueran", tras lo que les obligaban a hacer trabajos forzados.
Según la imputación, los acusados forzaron a los inmigrantes a trabajar largas jornadas sin pausas adecuadas o acceso a agua; los alojaron en residencias abarrotadas e insalubres sin calefacción, aire acondicionado, agua caliente ni ropa de cama; no les pagaron los salarios requeridos, y les negaron comida y atención médica.
Explotación y amenazas a jornaleros
Las víctimas, de las que no se detalla un número ni su estado tras las detenciones, fueron forzadas a trabajar en granjas agrícolas e invernaderos en Virginia, Carolina del Norte y Florida.
Además de "prohibirles irse, ir a cualquier sitio solos o hablar con gente ajena al grupo", "los vigilaban y asustaban con la amenaza de reportarlos a las autoridades migratorias", les ocultaban la expiración de sus visados y su obligación de salir del país, y los mantenían allí ilegalmente para su beneficio financiero, agrega.
Cuando el Departamento de Trabajo empezó a investigar la empresa de Zeferino, esta devolvió los documentos a los temporeros y les ordenó decirles que "todo estaba bien", mientras que su pareja les amenazó con que serían deportados si contaban "la verdad", por lo que ambos están acusados de obstruir a la justicia.
Los acusados acumulan 35 delitos relacionados con el trabajo forzado y conspiración, cuya pena máxima son 20 años en ambos casos, así como captación de extranjeros para lucro, esclavitud, fraude con visados y obstrucción, que van de cinco a 10 años.
JCC
