El Gobierno de España aprobó una regularización masiva y extraordinaria de la que podrán beneficiarse más de medio millón de extranjeros “sin papeles” en España, así como sus hijos menores de edad, a través de un decreto ley.
A la medida podrán acogerse todas aquellas personas que, a fecha de 31 de diciembre de 2025, llevasen al menos cinco meses viviendo en el país.
En España hacía dos décadas que no se impulsaba una regularización de estas características. La última la llevó a cabo con el Gobierno de socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2005 concedió la residencia a 572 mil 961 personas con un decreto similar.
“Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo basado en derechos humanos, en la integración, en la convivencia y que es compatible con el crecimiento económico y la cohesión social”, declaró la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Dijo que, la reforma -que todavía deberá ser ratificada una segunda vez antes de entrar en vigor- retoma el “espíritu” de la iniciativa legislativa popular que recogió más de 700 mil firmas y que llevaba más de un año y medio bloqueada en el Congreso de los Diputados.
La iniciativa se ha tramitado por la vía de urgencia, lo que reduce los plazos habituales a la mitad e implica, según La Moncloa, que la aprobación definitiva se produzca a más tardar en tres meses. De este modo, se espera que las solicitudes puedan empezar a presentarse a principios de abril en un proceso que se prolongará hasta el 30 de junio de 2026.
Así funciona la regularización:
La ministra de @inclusiongob, Elma Saiz, explica el proceso de regularización extraordinaria.
— La Moncloa (@desdelamoncloa) January 27, 2026
????????Una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que existe en nuestras calles y que tiene un impacto en la convivencia y la economía. pic.twitter.com/LYDtqGLq7T
El Gobierno de Pedro Sánchez calcula que más de 500 mil migrantes en situación administrativa irregular podrán beneficiarse de esta reforma, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos: que no tengan antecedentes penales relevantes, que no supongan “una amenaza para el orden público” y que hayan vivido en España durante al menos cinco meses desde antes del 31 de diciembre de 2025. También podrán acogerse todos los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la petición antes de esa misma fecha.
Para demostrar la residencia se aceptará cualquier documento, público y privado, que acredite que la persona extranjera lleve un mínimo de tiempo residiendo en España (como el padrón, un contrato de alquiler, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales, un justificante de envío de dinero o un billete de transporte).
Se explicó que la simple admisión a trámite de dicha solicitud -que se resolverá en un máximo de 15 días-, suspenderá cualquier proceso de devolución que hubiera abierto y permitirá a las personas poder trabajar desde el primer día, en cualquier sector, en todo el territorio español, y durante un año.
Transcurrido ese plazo, podrán acogerse a las cinco figuras que prevé el reglamento para regularizar la situación migratoria y que se modificaron hace un año (arraigo de segunda oportunidad, sociolaboral, social, socioformativo y familiar).
En pro de la integración familiar, podrán regularizarse de forma simultánea los hijos de los migrantes, que en su caso tendrán un permiso con una vigencia superior, de cinco años.
SNGZ
