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Domingo , 17.02.2019 / 22:47 Hoy

El poder político y económico de los militares chavistas

La Fuerza Armada está bien asentada en el gobierno civil, pues controla diez secretarías y varias empresas estatales.

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La Fuerza Armada venezolana, desde ayer en ejercicios militares ante una supuesta amenaza externa, tiene vasto poder en el gobierno de Nicolás Maduro, en sectores estratégicos como el petróleo, y está dotada de armamento ruso y chino, que incluye aviones Sukhoi, misiles y tanques de guerra.

En el poder político, de una treintena de ministros, diez son militares: seis activos y cuatro retirados.

Carteras prioritarias como el ministerio de Alimentación, Agricultura y Tierras, y Pesca y Acuicultura, son encabezadas por uniformados, que tienen ante sí el desafío de la severa escasez de alimentos que agobia a los venezolanos.

A finales de abril, la mayoría opositora en el Parlamento destituyó al coronel retirado Rodolfo Marco Torres del despacho de Alimentación, al responsabilizarlo por la carestía de más de dos tercios de los alimentos básicos. Pero el Tribunal Supremo de Justicia anuló la decisión.

La crisis energética también ha sido gestionada por otro militar, el general Luis Motta Domínguez, desde el ministerio de Energía Eléctrica, a través de una batería de medidas que incluyen racionamientos en casi todo el país.

Por su parte, el ministro de Hábitat y Vivienda, general Manuel Quevedo, lidera uno de los programas bandera del gobierno, en el cual han sido entregadas poco más de un millón de casas y departamentos subsidiados.

La oposición critica la amplia participación de los militares en el gobierno y su "politización". "El peor error que cometió (el mandatario Hugo) Chávez fue haber sacado a los militares de los cuarteles. ¿Quién los va a volver a meter?", ha dicho el presidente del Parlamento, el opositor Henry Ramos Allup.

En cuanto al poder económico, un canal de televisión, un banco, una ensambladora de vehículos y una constructora son algunas de las empresas controladas por los militares venezolanos, quienes sumaron un nuevo activo el pasado 10 de febrero con la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg).

Esta industria cumplirá tareas similares a las de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), como rehabilitar y mantener pozos, y vender y distribuir productos de la industria minera, petroquímica, petrolera y gasífera.

Camimpeg es el corazón del "motor industrial militar", una de las 14 propuestas de Maduro para enfrentar lo que considera una "guerra económica" de la oposición y empresarios para desestabilizar a su gobierno. Analistas la consideran como un ente con las mismas facultades de la estatal PDVSA.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuenta con 165 mil efectivos, 25 mil en reserva y otros miles de la llamada milicia popular.

En 2006, Washington prohibió la venta y transferencia de armamento y tecnología militar estadunidense a Venezuela, por lo que el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) recurrió a nuevos "aliados estratégicos": Rusia y China.

El organismo no gubernamental Control Ciudadano, que monitorea la actividad militar, advierte en un informe que "no ha sido posible determinar con exactitud la cantidad, modelo y costo de los equipos militares adquiridos por Venezuela en el periodo 2005-2012", pues los acuerdos castrenses son confidenciales, según las leyes venezolanas.

Sin embargo, Control Ciudadano apunta que en ese periodo Rusia ha suministrado a Venezuela fusiles, lanzacohetes antitanque, blindados, tanques de batalla, vehículos de combate de infantería, artillería, sistemas de defensa antiaérea, aviones de combate y helicópteros y misiles.

Está previsto que en 2017 se inaugure una planta para fabricación de fusiles de asalto AK-103/AK-104 y otra de municiones.

China, por su parte, ha dotado a Venezuela con equipos de comunicaciones, indumentaria militar, implementos antimotines, radares, blindados, así como aviones y helicópteros.

Venezuela redujo en 64% su presupuesto militar en 2015 en medio de una crisis económica agravada por la caída del ingreso petrolero, según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.

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