El periodista independiente Don Lemon, ex conductor de CNN, se declaró inocente el viernes de cargos federales por violación de derechos civiles, tras una protesta realizada en una iglesia de Minnesota donde un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas es pastor. Otras cuatro personas también se declararon inocentes en el caso.
Lemon no hizo comentarios a los reporteros al entrar al tribunal acompañado por su abogado, Joe Thompson. Cerca de dos docenas de manifestantes se apostaron fuera del edificio y corearon: “Pam Bondi tiene que irse” y “Protejan a la prensa”.
La abogada de derechos civiles Nekima Levy Armstrong figuró entre los acusados que se declararon no culpables. La destacada activista local fue objeto de una foto manipulada, publicada en redes sociales oficiales de la Casa Blanca, donde aparece llorando durante su arresto. La imagen forma parte de un aluvión de material visual alterado con IA que ha circulado desde las muertes a tiros de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis, en medio de la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración.
El abogado de Lemon, Abbe David Lowell, le dijo al juez que planteará cuestiones relacionadas con la Primera Enmienda en el caso. El veterano periodista ha afirmado que estaba en la iglesia para documentar la protesta, pero que no participó en ella.
Lowell también pidió que se devolviera el teléfono de Lemon, que fue incautado durante su arresto en Los Ángeles. Los fiscales indicaron que el teléfono está bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional y que la orden de registro está bajo secreto de sumario. El teléfono no puede devolverse hasta que concluya el proceso de revisión, señaló el fiscal.
Otros dos acusados por la protesta en una iglesia bautista del sur en St. Paul tienen prevista su lectura de cargos la próxima semana, entre ellos, otra periodista independiente, Georgia Fort. Nueve personas han sido acusadas en el caso.
Los manifestantes interrumpieron una ceremonia religiosa en Cities Church el 18 de enero al corear “Fuera el ICE” y “Justicia para Renee Good”, en referencia a la madre de tres hijos, de 37 años, que fue abatida por un agente del ICE en Minneapolis el mes pasado. Lemon ha dicho que no está afiliado al grupo y que estuvo allí como periodista para documentar el evento para su programa en vivo.
“He dedicado toda mi carrera a cubrir las noticias. No voy a detenerme ahora. De hecho, no hay un momento más importante que ahora, en este preciso instante, para que exista un medio libre e independiente que arroje luz sobre la verdad y exija rendición de cuentas a quienes están en el poder”, declaró Lemon a los reporteros tras su arresto.
La protesta en la iglesia provocó duras quejas de líderes religiosos y políticos conservadores. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió en una publicación en redes sociales: “El presidente Trump no tolerará la intimidación y el acoso a los cristianos en sus lugares sagrados de culto”. Incluso miembros del clero que se oponen a las tácticas del gobierno para hacer cumplir las leyes migratorias expresaron su incomodidad.
Las nueve personas están acusadas en virtud de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas de 1994, que prohíbe interferir o intimidar a “cualquier persona mediante la fuerza, la amenaza de fuerza o la obstrucción física” que ejerza o intente ejercer el derecho de la Primera Enmienda a la libertad religiosa en un lugar de culto. Las penas pueden llegar hasta un año de prisión y una multa de hasta 10 mil dólares.
Thompson es uno de varios exfiscales que han dejado en las últimas semanas la Fiscalía Federal de Minnesota, mencionando su frustración por la ofensiva del gobierno de Trump para hacer cumplir las leyes migratorias en el estado y por la respuesta del Departamento de Justicia ante el asesinato de Good y Pretti.
Thompson, uno de cuatro abogados registrados para representar a Lemon, encabezaba la amplia investigación de importantes casos de fraude en programas públicos para la fiscalía hasta que renunció el mes pasado. El gobierno de Trump ha mencionado los casos de fraude —en los que la mayoría de los acusados forman parte de la numerosa comunidad somalí del estado— como justificación para su ofensiva contra la inmigración.
LG
