Detectados ya en 53 países, oficialmente son centros de servicio en el extranjero y permiten que las personas de nacionalidad china hagan trámites como renovar sus licencias de conducir. Pero según denuncias periodísticas, de organizaciones civiles y de disidentes chinos, su naturaleza es mucho más polémica que la de realizar actividades reservadas a consulados oficialmente reconocidos, pues en realidad son estaciones encubiertas de la policía china, desde las que persiguen a supuestos criminales al tiempo en que espían, acosan e incluso atacan a opositores al régimen de Beijing. Muchos de ellos han sido forzados a regresar a China para enfrentar acusaciones allá.
Son al menos 102 comisarías clandestinas, según denunció el grupo Safeguard Defenders, enfocado en derechos humanos de Asia Oriental, en su más reciente informe sobre este tema, titulado “Patrullar y persuadir”, publicado el 4 de diciembre. Y 12 países, como Estados Unidos, Holanda y España, han iniciado ya acciones judiciales para contener estas prácticas que contravienen sus legislaciones.
Pero otros gobiernos, como los de Italia, Serbia, Croacia y Rumanía, las permiten con base en acuerdos de cooperación policiaca.
Son operaciones masivas que la prensa afín al Partido Comunista Chino presume abiertamente. Como en una nota el 18 de agosto pasado del diario en inglés Global Times que, citando al Ministerio de Seguridad Pública de su país, asegura que “de abril de 2021 a agosto de 2022, 230 mil sospechosos de defraudación telefónica fueron educados y persuadidos de regresar a China para confesar crímenes”, y añadió que sus autoridades “han iniciado medidas de castigo para los sospechosos de defraudación telefónica que se rehusaron a volver después de recibir persuasión y advertencias”.
El periódico sólo cita dos de esas sanciones: revocarles el registro de residencia en China y anotarlos en una “lista negra de deshonestidad”. Pero Safeguard Defenders y medios europeos han encontrado métodos más convincentes, como amenazas contra las personas o contra sus familiares en China, golpizas e incluso secuestros.
El único de los ocho países más grandes de América en el que, hasta el momento, no se ha descubierto alguno de estos centros es México. Han sido señalados, en cambio, en ciudades de Argentina a Canadá; de prácticamente toda la Unión Europea; y en naciones de Asia, África y Oceanía.
Basta con criticar
En un informe previo, del mes de septiembre, Safeguard Defenders consideró que “estas operaciones evaden la cooperación policiaca y judicial oficial bilateral, violan la legislación internacional y pueden violar la integridad territorial de terceros países al instalar un mecanismo policiaco paralelo utilizando métodos ilegales”.
“Sólo se usan medios lícitos”, le dijo al periódico español El Correo una funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores de China en Shanghái, quien de esta forma reconoció tácitamente las actividades policiales en el extranjero: “Los tratados bilaterales son muy farragosos y Europa es reacia a extraditar a China. No veo qué hay de malo en presionar a criminales para que se enfrenten a la justicia con todas las garantías recogidas en la ley china”.
Sin embargo, han salido a la luz varios casos en donde fueron violadas las leyes locales. Por ejemplo, en 2015, en Pattaya, Tailandia, se perdió el rastro Gui Minhai, quien era dueño de una librería de oposición en Hong Kong. Meses después, en la televisión en China, fue presentado para hacer una confesión forzada, en la que dijo haber regresado por propia voluntad a enfrentar cargos por un accidente de tráfico que tuvo lugar una década antes.
Salió en libertad pero en 2018 volvió a ser secuestrado, esta vez cuando viajaba en un tren chino con diplomáticos suecos, para aparecer después ante un tribunal que lo condenó a diez años de cárcel por espionaje para entidades extranjeras. Su hija Angela Gui, que hace campaña para liberar a su padre, escribió que “para que nos lleven a China a la fuerza, y nos condenen por crímenes que no hemos cometido, basta que critiquemos al régimen”.
Rechazo y coordinación
En Holanda, el portal RTL Nieuws y el centro de investigación Follow The Money descubrieron dos centros chinos que proveen servicios consulares a sus ciudadanos sin haberlo informado al gobierno, y que eran operados por antiguos oficiales de la policía y el ejército chinos.
Disidentes de ese país les dieron testimonios de cómo suelen ser vigilados, hostigados y amenazados desde ahí. Por ejemplo, Wang Jingyou, un joven conocido por sus críticas al gobierno chino en redes sociales y que ahora es un asilado político en Holanda, aseguró que desde la estación china de Rotterdam “me exigieron regresar a China para resolver mis problemas” y “me pidieron pensar en mis padres”, que se encuentran allá. Después le enviaron mensajes de texto y le hicieron llamadas advirtiéndole que lo iban a matar.
En Estados Unidos, el director del FBI Christopher Wray expresó su preocupación porque “sabemos de estas estaciones” y “sería escandaloso que la policía china pretendiera establecerse en, digamos, Nueva York, sin la coordinación correspondiente”.
Otros países occidentales, en contraste, han aceptado esta presencia. Italia, que ha firmado varios acuerdos de cooperación policiaca bilateral con Beijing desde 2015, no se ha pronunciado sobre las revelaciones de que hay al menos once estaciones chinas en otras tantas ciudades, más que en ningún otro país, hasta donde se sabe.
Incluso, en 2018, uno de estos centros fue inaugurado en Roma. En medios chinos, oficiales italianos aparecen en el evento junto a sus pares chinos.
HCM
