El embajador español en México, Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño, asegura que pese a la existencia de mecanismos en la Carta Magna de su país, las autoridades regionales de Cataluña, encabezadas por Carles Puigdemont, decidieron acudir a una “vía ilegal para poner en práctica sus aspiraciones” a través de una “pseudovotación” donde no hubo control de quién votaba y sin un organismo regulatorio independiente, en un acto “sin legitimidad ni representividad”.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, señaló que “en los próximos días” proclamará la independencia de Cataluña. ¿Qué procede para el gobierno español en términos legales y políticos?
Una declaración unilateral de independencia no tiene efectos jurídicos. Es contraria al marco legal y a la Constitución de todos los españoles. Esto es algo que también se comprende perfectamente fuera de España. De hecho, el propio presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, lo ha dejado meridianamente claro al declarar que “cualquier acción contra la Constitución de un Estado miembro es una acción contra el marco legal de la UE”. Pero España, a diferencia de otros países, permite la reforma a cualquier parte de su texto. El problema es, precisamente, que el gobierno catalán ha desconocido este procedimiento de reforma constitucional y ha intentado aplicar sus intereses políticos por la vía fáctica. Si el gobierno catalán emite una declaración del tipo que comenta, el gobierno de España valorará las medidas que procede adoptar de acuerdo con la ley.
¿Existe la posibilidad de que se anule la autonomía y se convoque a nuevas elecciones en Cataluña?
La Constitución española reconoce y garantiza todas las autonomías de España, incluida la catalana. El gobierno, el Poder Judicial y el resto de poderes constitucionales tienen el deber de aplicar los mecanismos previstos en el marco legal para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y territorios de España.
Al situarse al margen de la ley, ¿las autoridades de la Generalitat pueden ser sujetas a proceso? ¿Cuál es el mecanismo legal para proceder contra ellas? ¿En ese escenario, quién queda a cargo constitucionalmente del gobierno catalán?
En un estado de derecho todos los ciudadanos al situarse al margen de la ley pueden quedar sujetos a proceso, incluidos los políticos. Le recuerdo que respetar la ley es obligación de todos y especialmente de los que ostentan responsabilidades de gobierno, quienes deben también asegurar su cumplimiento. El marco jurídico español (Constitución, Estatuto de Cataluña, legislación general), aplicado por los poderes del Estado reconocidos por la Constitución determinará las consecuencias y responsabilidades.
¿Qué valoración cabe hacer del mensaje del rey Felipe VI del martes pasado?
Fue un mensaje firme y contundente. Su majestad el rey reafirmó la prevalencia del estado de derecho en su mensaje a todos los españoles. Es una conquista de la democracia consolidada en un tiempo relativamente cercano. Garantiza a los ciudadanos de un país poder disfrutar libremente sus derechos, y los protege sobre todo de la acción arbitraria de los poderes públicos, que quedan incapacitados de aplicar la ley según su conveniencia política. Esto último es lo que ha hecho el gobierno catalán, y por ello su majestad el rey ha sido claro en la defensa del estado de derecho.
El referendo catalán es considerado ilegal porque contraviene la Constitución de 1978, que niega el derecho a la autodeterminación de las distintas nacionalidades que integran el Estado español. ¿Por qué no reformarla y permitir el derecho a decidir?
La Constitución española permite la reforma de todos sus artículos, a diferencia de otras cartas magnas para las que la integridad del Estado es un principio inmodificable. El problema es que el gobierno catalán no ha usado los mecanismos propuestos en nuestra Constitución, sino que ha acudido a una vía de hecho, ilegal, para poner en práctica sus aspiraciones.
¿Qué valoración merecería la legitimidad y representatividad del referendo del pasado domingo?
Parto de la base de que no existió ningún referendo el pasado primero de octubre. Ahora bien, si se refiere al proceso emprendido por el gobierno catalán para declarar la independencia, le reitero que es contrario a derecho. Esa pseudovotación convocada por el gobierno catalán careció de las más mínimas garantías. De una forma tan absoluta, que resulta incompatible con la democracia pretender dotar a los resultados de cualquier validez, como hace el gobierno catalán. No hubo control de quién votaba, no había censo electoral, no había un órgano independiente encargado de validar los resultados. Las televisiones han mostrado imágenes de personas depositando sus papeletas sin control alguno, de otras votando varias veces, de aparentes urnas que se caen y aparecen ya rellenas de papeletas antes de empezar la jornada… en definitiva, se trató de un acto que no tiene ninguna legitimidad ni representatividad.
Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño
Titular de la legación española en México desde 2014.
