La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y otros miembros de la mesa de ese organismo dijeron que la declaración de independencia que aprobaron el 27 de octubre tiene un valor simbólico y que acatan las medidas del gobierno central para restablecer la legalidad constitucional.
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Forcadell y otros cinco integrantes del Parlamento catalán están declarando hoy en el Tribunal Supremo español en relación con una querella de la Fiscalía que les acusa de rebelión y sedición, entre otros delitos.
Fuentes jurídicas han informado del contenido de las declaraciones prestadas ante el juez Pablo Llarena por Carme Forcadell, Lluis Corominas y Lluis Guinó, quienes han accedido a responder a todas las preguntas de la fiscalía, lo que supone un cambio de estrategia de defensa respecto a la que han mantenido en el pasado.
Tras el referendo soberanista ilegal del 1 de octubre, la Cámara autonómica aprobó una declaración de independencia unilateral el día 27 de cuya votación se ausentaron más de medio centenar de diputados de la oposición, defensores de la vigencia de la Constitución española.
El mismo día 27 y tras la autorización del Senado, el Ejecutivo de Mariano Rajoy decretó el cese del gabinete regional catalán, la disolución de su Parlamento y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, con el objetivo de restaurar la legalidad.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, apuntó esta semana que las medidas cautelares que la Fiscalía podría pedir contra los investigados por el Supremo dependerían de su declaración de hoy.
Nueve miembros del gobierno catalán, que comparecieron la semana pasada en la Audiencia Nacional acusados de los mismos delitos, fueron encarcelados y sólo uno de ellos abandonó la cárcel al día siguiente tras abonar una fianza, opción que la jueza no concedió al resto.
AER
