El presidente colombiano no ha tardado en convertirse en uno de los aliados latinoamericanos más atractivos para la administración Trump.
Apenas instalado en la Casa de Nariño, Colombia ingresó a la Americas Counter Cartel Coalition (A3C) como su miembro número 19, y Pete Hegseth afirmó que el nuevo presidente solicitó cooperación estadunidense para ejecutar operaciones militares conjuntas contra redes “narcoterroristas”.
“Medidas enérgicas y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y operativa que esperamos de nuestros socios para convertir a la A3C en una coalición potente y letal”, se ufanó el secretario de Defensa en alusión a su socio colombiano.
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¿Qué representa esta decisión?
El anuncio coloca a Colombia en el centro de la nueva estrategia hemisférica de Washington para crear un nuevo un modelo de coalición político-militar donde Estados Unidos aporta, inteligencia, capacidades avanzadas y poder de ataque, mientras los socios contribuyen con acceso territorial, fuerzas locales e información.
Pero el elemento que puede hacer perdurar esa cercanía política en una alianza estratégica es la promesa de un nuevo apoyo económico de Washington, que extiende el respaldo histórico a Colombia iniciado desde la década de los noventas del siglo pasado con el Plan Colombia y después con el Tratado de Libre Comercio bilateral de 2012.
El Departamento de Estado anunció el 7 de agosto que Estados Unidos, “en colaboración con el Congreso”, tiene previsto destinar mil millones de dólares a un paquete de seguridad para apoyar al gobierno de De la Espriella.
No son todavía fondos desembolsado pero la señal es que Washington está dispuesto a invertir en su consentido colombiano.
El Departamento de Estado posicionó de hecho ese compromiso de respaldo como parte el “inicio de una nueva era de cooperación en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia”, apuntalada en un paquete con fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y apoyo en la erradicación de coca e interdicción de cocaína.
En el caso del combate a las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT), la administración Trump ofreció al gobierno de De Espriella el despliegue de tecnología estadunidense de vanguardia, la optimización del gasto en defensa, y la ejecución de operaciones coordinadas con sus fuerzas.
Pero el planteamiento de Estados Unidos va más allá e incluye ayuda para detener los flujos migratorios ilegales mediante una mayor coordinación en materia de seguridad fronteriza así como recuperar, mantener y consolidar la presencia estatal en territorios que alguna vez estuvieron bajo control de las FARC.
En materia económica, la administración Trump se comprometió a poner en marcha el Diálogo Bilateral de Prosperidad que sirva de plataforma para estabilizar la economía colombiana, fortalecer sus sectores de generación y distribución de energía, explorar inversiones en minerales críticos y crear nuevas oportunidades para los inversores estadunidenses.
“Tras más de 200 años de amistad, la administración Trump espera trabajar estrechamente con la nueva administración para garantizar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos, Colombia y nuestro hemisferio”, proclamó la oficina de Marco Rubio.
Para Trump, Colombia ofrece algo difícil de replicar: décadas de cooperación antidrogas, fuerzas armadas experimentadas y un territorio clave para luchar contra las economías del narcotráfico.
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Colombia: punta de lanza en Latinoamérica
Si De la Espriella muestra resultados, Colombia podría convertirse en la vitrina de la doctrina Trump para Latinoamérica que trata a los cárteles no solamente como un problema policial, sino como amenazas de seguridad nacional susceptibles de respuestas militares coordinadas.
La propia administración estadunidense ha definido la coalición como un instrumento para conformar las operaciones del poder duro contra estas organizaciones.
El movimiento coincide con un giro electoral hacia la derecha en América Latina. Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Panamá, Perú y ahora Colombia han registrado triunfos o consolidaciones de fuerzas conservadoras o de derecha.
Ese movimiento pendular ocurre en buena medida en contextos donde la inseguridad, las dificultades económicas y el desgaste de los gobiernos anteriores modificaron las prioridades electorales, lo cual ofrece a Washington un terreno político en algunos países más favorable para una agenda de mano dura y cooperación militar, aunque los 19 gobiernos de la A3C no son ideológicamente homogéneos.
Entre los países latinoamericanos que se han sumado se encuentran Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Algunos de los principales países de la región como México y Brasil, de gobiernos de izquierda, no participan
Con el ejemplo de Colombia, los miembros de la Coalición podrían acceder a mayor inteligencia, entrenamiento, tecnología y coordinación operacional con Estados Unidos. Por el contrario, los países que permanezcan fuera enfrentarán una presión creciente para decidir entre integrarse o vivir con el fantasma de acciones unilaterales de Washington.
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LJ
