La historia nunca quedó enterrada. Sobrevivió en la memoria política del exilio cubano en la Pequeña Habana, en retratos familiares, en ceremonias de duelo, y en el recuerdo de un día de febrero en que dos avionetas civiles fueron borradas del cielo entre Cuba y la Florida.
Ahora, tres décadas después, el derribo en 1996 de las dos aeronaves de Hermanos al Rescate —Brothers to the Rescue— se perfila como la base factual de la acusación formal en Estados Unidos contra Raúl Castro, expresidente de Cuba y durante décadas jefe de sus fuerzas armadas.
El incidente ocurrió el 24 de febrero de 1996. Ese día tres avionetas civiles y desarmadas Cessna 337 Skymaster despegaron del aeropuerto de Opa-locka, en el sur de Florida.
El gobierno cubano, alertado de los vuelos y argumentando una provocación, ordenó el despegue inmediato de dos cazas de la Fuerza Aérea Revolucionaria: un MiG-29 y un MiG-23.
Hermanos al Rescate había nacido como un esfuerzo voluntario de búsqueda y rescate para localizar balseros cubanos que huían de la isla pero también se había convertido en una irritación creciente para La Habana tras vuelos cercanos a su espacio aéreo y, en algunos casos, vulnerándolo.
A partir de la reconstrucción del episodio se sabe que MiG-29 disparó misiles aire-aire contra las indefensas aeronaves civiles. Dos de las tres avionetas fueron pulverizadas en el aire por los impactos. En el ataque fallecieron cuatro tripulantes: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
La tercera avioneta, pilotada por el líder del grupo, José Basulto, logró escapar y regresar a Florida de forma segura.
Polémica territorial
Funcionarios estadunidenses e investigadores internacionales han sostenido durante años que las aeronaves fueron derribadas sobre aguas internacionales. Cuba ha argumentado que Hermanos al Rescate había violado repetidamente su soberanía.
En una supuesta grabación de la voz de Raul Castro filtrada en 2006 al periódico El Nuevo Herald, el ahora nonagenario líder explícitamente da la orden de derribar las avionetas, incluso si estaban sobre aguas internacionales.
En ese momento, Raúl era ministro de Defensa de Cuba, la máxima autoridad militar del país después de su hermano Fidel.
El caso contra Raúl Castro giraría en torno a la responsabilidad de mando: qué sabía, qué ordenó y si los fiscales estadunidenses pueden vincularlo personalmente con la decisión de destruir las aeronaves.
Guerra fría
Esa disputa factual se convirtió en uno de los enfrentamientos definitorios de la relación entre Estados Unidos y Cuba tras la Guerra Fría.
La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó en 1996 que las aeronaves fueron derribadas en espacio aéreo internacional, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó posteriormente el uso de la fuerza contra aviones civiles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó más tarde que Cuba era responsable de violar el derecho a la vida de las víctimas, al describir el derribo de dos avionetas civiles desarmadas por un MiG-29 de la Fuerza Aérea cubana.
La contrainteligencia estadunidense expuso más tarde a agentes cubanos que se habían infiltrado en Hermanos al Rescate.
Gerardo Hernández, integrante de los llamados Cinco Cubanos, fue condenado en 2001 en relación con la conspiración; los fiscales alegaron que la información transmitida por la red ayudó a Cuba a prepararse para el derribo.
Hernández fue liberado en 2014 como parte de un intercambio de prisioneros vinculado al deshielo entre Washington y La Habana durante el gobierno de Barack Obama. Dos pilotos cubanos y su oficial al mando también han sido acusados por Washington en relación con el derribo pero permanecieron fuera del alcance de las autoridades estadunidenses en Cuba.
El caso
Una acusación contra Raúl Castro no está exenta de drama geopolítico: menos un proceso penal convencional que una imputación formal contra uno de los últimos arquitectos vivos del Estado revolucionario cubano.
Para las familias de las víctimas y la comunidad del exilio, el simbolismo no es incidental; es el centro del asunto. El derribo endureció la política cubanoamericana, ayudó a acelerar la aprobación de la Ley Helms-Burton y se convirtió en una pieza permanente del largo debate sobre la política hacia Cuba.
Pero una acusación formal en Estados Unidos no garantiza un juicio. Raúl Castro tiene 94 años, está retirado de cargos formales y una extradición es prácticamente inimaginable bajo las relaciones actuales.
Los fiscales ya han usado acusaciones antes para fijar reclamos legales contra líderes extranjeros a quienes no pueden arrestar de inmediato. Esos casos pueden limitar viajes, moldear la diplomacia y escribir una versión oficial de los hechos en el expediente judicial.
¿Los mismos pasos de Maduro?
Para la legisladora cubano americana de Florida, María Elvira Salazar, la acusación pondrá al círculo cercano de la familia Castro en el mismo dilema que tuvo Nicolás Maduro: negociar su salida o arriesgar ser detenido en una operación estadunidense.
“La familia Castro va a tener... va a tener una reunión familiar, y tendrán que decidir si exponen a su padre a sufrir el mismo destino que le tocó a Maduro”, dijo este martes en un foro hemisférico celebrado en Washington.
“Recuerden que Trump le dijo a Maduro: ‘Puedes irte a Bielorrusia, puedes irte aquí, puedes irte allá’. La administración Trump les ofreció —tanto al propio Maduro como a los abogados de Cilia Flores (esposa del exmandatario venezolano)— numerosas oportunidades para que pudieran disfrutar de sus millones en algún lugar de Rusia o de Turquía —Dios sabe dónde—; sin embargo, ellos consideraron que aceptar esa oferta daría una imagen equivocada. ¿Y qué terminó sucediendo?”, se preguntó Salazar
Disputa legal
El uso del derribo de Hermanos al Rescate será probablemente el centro de intensas disputas legales y públicas. Cuba ha presentado durante años a esa agrupación como una operación provocadora del exilio y ha puesto como ejemplo vuelos anteriores dentro de su espacio aéreo y lanzamientos de volantes sobre La Habana.
Los defensores del grupo dicen que sus aeronaves estaban desarmadas y que nada justificaba el uso de misiles contra las avionetas civiles.
El hallazgo histórico central para Washington —que las dos aeronaves fueron derribadas fuera del espacio territorial cubano— ha sido respaldado por conclusiones internacionales de aviación e investigadores de derechos humanos.
En Miami, el caso no es una reliquia. Es una herida con un número de expediente aún por asignar. Los nombres de Costa, Alejandre, de la Peña y Morales todavía se pronuncian como si el humo no se hubiera disipado.
Aun si la acusación no concluye con Raul Castro tras las rejas, es vista como un logro para los que las familias de las víctimas han buscado durante 30 años: trasladar la historia desde los memoriales y los discursos al lenguaje formal de una acusación penal.
Doble discurso
Pero la acusación es vista también como una de las tenazas de una pinza con las que la administración Trump escala la presión contra la isla.
Solo horas antes de la presentación de la acusación criminal contra Castro, el presidente Donald Trump volvió a extender una rama de olivo al régimen. “Cuba necesita ayuda, y la daremos”, dijo el mandatario estadunidense a los periodistas.
De hecho, los dos gobiernos mantienen las negociaciones bilaterales tras la formalización de una oferta de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria directa por parte de la administración de Trump.
La propuesta, descrita por Washington como un alivio urgente para la población de la isla, se produce en medio de un colapso crítico de la red eléctrica en las provincias orientales cubanas y un severo desabastecimiento de combustible provocado por el embargo energético estadunidense.
El Departamento de Estado norteamericano ratificó públicamente los términos de la propuesta, y subrayó que el capital y los suministros —que incluirían alimentos, medicinas y soporte para acceso a internet satelital libre— no serán gestionados por las estructuras del Estado cubano ni por su conglomerado militar.
En su lugar, Washington exige que la distribución sea administrada en coordinación con la Iglesia católica y organizaciones no gubernamentales independientes como Cáritas.
Giro desde Las Habana
La propuesta representa un giro estratégico y de alta presión por parte de la diplomacia estadunidense que busca canalizar la ayuda eludiendo al aparato estatal. El gobierno comunista de la isla inicialmente calificó los primeros reportes de la oferta como una "maniobra política".
A pesar de los roces iniciales, funcionarios de ambos países sostuvieron reuniones de alto nivel para evaluar la viabilidad logística de la propuesta.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, matizó la postura oficial, sostuvo que su gobierno no tiene por práctica rechazar ayuda extranjera ofrecida de buena fe y expresó que las autoridades están abiertas a evaluar el formato de los recursos, ya sea en efectivo o en especie.
No obstante, el Ejecutivo cubano, liderado por el presidente Miguel Díaz-Canel, insiste en que el paquete humanitario resulta contradictorio ante los efectos del bloqueo petrolero impuesto por la Casa Blanca desde el pasado 30 de enero, una medida que ha restringido el flujo de crudo a la isla y al que culpan del desabastecimiento general.
La Habana sostiene que "la mejor asistencia" por parte de Estados Unidos consistiría en el desescalamiento inmediato de las sanciones comerciales y financieras.
LG
