La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la dimisión del actual mandatario, Rodrigo Paz.
La orden, dictada por el fiscal Brayan Melgar y confirmada a EFE por una persona cercana al exlíder, también atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Protestas contra gobierno de Rodrigo Paz
Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como "única demanda".
Los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de vías, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3 mil millones de dólares.
La denuncia fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el ministro de gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.
La acción legal también incluye al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y el principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación relacionada con estos mismos hechos.
Evo rechaza acusaciones contra la presidencia
Tras la nueva orden, Morales respondió en la red social X, aprovechando para señalar que se busca "ocultar el verdadero drama que vive Bolivia".
"Una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción".
Tachó a sus acusaciones de persecución política utilizada para "desviar la atención" del gobierno de Paz.
"No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todo".
Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social,…
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 29, 2026
Esto se suma a previas declaraciones en las que Morales negó haber promovido la renuncia del Presidente, sosteniendo que las movilizaciones buscaban que el gobierno respondiera a las demandas de los sectores movilizados. No obstante, el 24 de mayo escribió en la red social X que el mandatario tenía solo "dos caminos" ante los conflictos, "militarizar" el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días.
Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual la policía y el Ejército se desplegaron en las carreteras para retirar los obstáculos y restablecer la circulación.
¿Por qué Evo permanece lejos de autoridades de Bolivia?
Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra por una investigación por trata agravada de personas.
En ese caso, el exmandatario está acusado por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.
En mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija declaró a Morales en rebeldía y dictó una nueva orden de captura porque no se presentó al inicio del juicio por este caso. La policía sostiene que espera el momento adecuado para ejecutar esa orden.
MD