La compañía farmacéutica Baxter Internacional presionó al ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina para obtener el contrato de los servicios de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA) para pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por alrededor de 116 millones de quetzales.
En entrevista luego de comparecer ante los tribunales por el denominado caso “La Línea”, Pérez Molina señaló que el ex vicepresidente de Estados Unidos John Biden buscó negociar reuniones privadas para, al parecer, buscar la adjudicación del contrato del IGSS a favor de la compañía estadunidense Baxter Inc.
Otto Pérez Molina, quien fuera presidente de Guatemala durante el periodo 2012-2015, indicó que el funcionario de EU es socio de esa empresa.
“Lo que sí les puedo confirmar, no solo es la cercanía que hay entre Baxter y Biden, sino además les puedo confirmar que la embajada pidió la reunión con mi secretaria privada y con mi secretaria general para que pudieran influir en que Baxter ganara eso (la licitación para el servicio de Diálisis Peritoneal Continua Automatizada) ¿Es eso tráfico de influencias o no?”, afirmó Pérez Molina.
La licitación para el servicio de DPCA se otorgó en 2015 a la compañía Droguería PiSA de Guatemala. Posteriormente, se inició un proceso legal en contra de la empresa ganadora por presuntas “irregularidades” en el contrato.
La compañía farmacéutica Baxter Inc. ha sido constantemente señalada por malas prácticas a escala internacional. En EU, el Departamento de Justicia sancionó a Baxter Inc. con una multa de 18 millones de dólares por la contaminación y venta de soluciones intravenosas.
En México, la Secretaría de la Función Pública (SFP) declaró ilegal una licitación convocada por la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, cuando se comprobó que se había pretendido favorecer a Baxter con el contrato del servicio de Diálisis Peritoneal Automatizada. Posteriormente, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil, Administrativa y Laboral y de Juicios Federales en Puebla, declaró ilícita la licitación y solicitó la reposición del concurso.
Después de dos años de litigio, en marzo de este año, la Contraloría General de Cuentas (CGC) de Guatemala emitió el Informe Oficial del Examen Especial de Auditoría a Contrataciones del Estado, relacionado con el contrato y el proceso de licitación. El documento dictaminó que el proceso de adjudicación del contrato a la empresa Droguería PiSA fue realizado de acuerdo a la Ley de Contrataciones de ese país y no existió ninguna anomalía.
El ex mandatario de Guatemala Otto Perez Molina detalló que tuvo presiones del gobierno de Estados Unidos. “[…] tuvimos (presiones) del vicepresidente Biden, no solo cuando fui a Washington sino también cuando él vino aquí. Hay otra cosa que es importante, porque ahí había otro trasfondo que hasta después me enteré, y es que Biden también es socio de la empresa Baxter, que esa empresa Baxter vino aquí a competir”.
Pérez Molina expresó que pudo existir tráfico de influencias porque la misma embajada de Estados Unidos en Guatemala, a cargo de Tot Robinson. “Resulta que la embajada de Estados Unidos, imagínese aquí, pidió cita con mi secretaria privada y con mi secretario general para que los atendieran y fueron acompañados por personal de la embajada, los representantes de Baxter, a pedirnos y a decirnos que ese contrato Baxter lo tenía y que Baxter lo debía volver a ganar”.
Dos años de litigio
Después de dos años de litigio, en marzo de este año, la Contraloría General de Cuentas (CGC) del país centroamericano, emitió el Informe Oficial del Examen Especial de Auditoría a Contrataciones del Estado, relacionado con el contrato y el proceso de licitación y dictaminó que el proceso de adjudicación del contrato a la empresa Droguería PiSA fue realizado de acuerdo a la Ley de Contrataciones de ese país y no existió ninguna anomalía de por medio.
Luego de presentarse el Informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) como prueba en el proceso, enfermeras del IGSS que resultaron afectadas fueron puestas en libertad bajo el régimen de prisión preventiva, ya que se encontraban detenidas en clara violación a sus derechos humanos.