El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por un juez de la Audiencia Nacional y le llamó a declarar el próximo 2 de junio, por pertenencia a organización criminal y los presuntos delitos de tráfico de influencias y falsedad documental en el caso de la aerolínea Plus Ultra.
Se trata de una investigación sobre presunto lavado de dinero en el rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno entregó a Plus Ultra, de capital venezolano, tras la pandemia, por lo que el magistrado José Luis Calama llamó al expresidente para que declare al levantar el secreto de sumario.
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Contactos para obtener contratos
Todo el caso se basa en la querella presentada por el colectivo ultraderechista Manos Limpias, el mismo que acusa a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en la que no aportó ninguna prueba.
La línea de investigación del caso de la aerolínea que afecta a Zapatero se basa principalmente sobre sus contactos para la obtención de contratos, con el tráfico de influencias como eje de las pesquisas contra el expresidente del Gobierno.
En marzo, Zapatero compareció en el Senado y admitió que había realizado trabajos de consultoría para su amigo Julio Martínez, empresario que estuvo contratado por la aerolínea como lobista para sus problemas en Venezuela y que en su momento fue detenido.
El expresidente admitió que sabía que Martínez tenía “alguna relación” con Plus Ultra, aunque negó que él trabajara para la aerolínea o que hubiera influido en su rescate con dinero público. También negó cualquier tipo de cobro por gestiones con el régimen venezolano.
“No he trabajado nunca para Plus Ultra en mi vida. Ninguna relación, cero. Los informes eran para Análisis Relevante”, explicó entonces Zapatero sobre la empresa para la que trabajó como consultor, propiedad de su amigo Julio Martínez.
La empresa Análisis Relevante pagó entre 2020 y hasta el año pasado 70 mil euros brutos al año a Zapatero por unos trabajos de consultoría que, según el ex jefe del Ejecutivo, hacía “a precio de mercado” teniendo en cuenta su “experiencia, trayectoria y personalidad”. También contrató a las dos hijas del expresidente para “trabajos de marketing”, cuyas instalaciones fueron registradas hoy por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
El juez Calama aceptó el pasado marzo la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El magistrado reclamó las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ese momento investigaba este procedimiento y que se inhibió en favor del tribunal central.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la aerolínea Plus Ultra hizo un “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le concedió en la pandemia porque al menos parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela, según consta en la querella presentada por el Ministerio Público.
En uno de los registrados a Análisis Relevante la policía encontró un supuesto contrato por el que este empresario que contrató a Zapatero y a sus hijas cobraría de Plus Ultra una comisión del 1 por ciento (53 mil euros) en caso de que se lograra el rescate. También se hallaron 300 mil euros en efectivo que Martínez atribuyó a la venta de una vivienda no declarada a Hacienda.
Desde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aseguran que Zapatero es inocente y apuntan a un caso de lawfare, es decir, de guerra jurídica, al igual que consideró Sumar, socio en el Ejecutivo de coalición. Mientras desde el Partido Popular exigieron explicaciones al presidente Sánchez y desde el ultraderechista Vox una moción de censura.
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El caso Plus Ultra
En la investigación del caso Plus Ultra, surgida a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción en 2024, por los avisos de unidades de investigación contra la corrupción de Suiza y Francia, se abordó, gracias al trabajo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Se investiga si hubo un “uso indebido” de 53 millones de euros del rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), porque se sospecha que habrían servido para pagar préstamos a otras sociedades venezolanas no ligadas a la operación para salvar a la compañía. Una presunta operativa de blanqueo en la que habrían intervenido ciudadanos de Francia, Suiza y España.
En este marco, y tras la detención el pasado diciembre del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, las pesquisas se dirigen ahora contra José Luis Rodríguez Zapatero y se investiga si los trabajos de “asesoría global” que facturó a Julio Martínez estarían relacionados con éste.
LJ
