El gobierno de Estados Unidos presuntamente identificó a un alto cargo de una empresa 'tech' con sede en Irán que vendía tecnología informática de su país al gobierno de Teherán. El director ejecutivo fue arrestado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), según informó la instancia.
¿Qué se sabe acerca de la acusación?
Jamshid Ghomi fue acusado en una denuncia penal federal de violar las sanciones del gobierno Trump contra Irán al "adquirir sofisticados equipos de redes, seguridad y cifrado de origen estadunidense para clientes iraníes, incluidos los centros nucleares y militares del régimen iraní", según un comunicado publicado por el DOJ.
Las autoridades señalaron que Ghomi se enriqueció suministrando tecnología estadunidense a la Organización de Energía Atómica de Irán y a otras entidades sancionadas responsables del programa nuclear iraní.
"La División de Seguridad Nacional exigirá responsabilidades a quienes violen nuestras leyes para promover las ambiciones nucleares de Irán", declaró John A Eisenberg, el fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, en el escrito.
El hombre de 63 años y residente de Newport Coast, California, está acusado de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).
Se espera que Ghomi comparezca el jueves 4 de junio ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Santa Ana, California.
De ser declarado culpable, Ghomi se enfrentaría a una pena máxima de 20 años de prisión.
¿Quién es Jamshid Ghomi?
El hombre, con nacionalidad estadunidense e iraní, es el fundador, propietario y director ejecutivo de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), una empresa de redes informáticas con sede en Teherán.
Las autoridades alegan que, entre 2011 y 2023, Ghomi utilizó cuentas personales de eBay y PayPal, junto con empresas fachada y agentes de transporte de mercancías en los Emiratos Árabes Unidos, para enviar ilegalmente tecnología estadunidense controlada a Irán sin obtener las licencias necesarias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
"Ghomi sabía que esta conducta era ilegal y tomó medidas deliberadas para ocultarla. Ordenó a sus cómplices en los Emiratos Árabes Unidos que no incluyeran su nombre en la documentación de envío, omitieran las facturas de los envíos con destino a Irán y, en al menos dos ocasiones, ocultaran equipos informáticos de origen estadunidense dentro de envíos más grandes", detalla el escrito.
Las ventas anuales de FPR superaban los 10 millones de dólares y se destinaban a cientos de empresas y entidades gubernamentales iraníes, muchas de las cuales estaban sujetas a sanciones estadunidenses.
Las autoridades también explicaron que una parte relativamente pequeña, pero significativa, de ese negocio se destinaba a los usuarios finales más sensibles de Irán: el aparato nuclear y militar del régimen iraní.
La División de Investigación Criminal del IRS, en coordinación con la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, está investigando el caso.
MD
