Por primera vez en una década, el domingo 19 de febrero los ecuatorianos verán una papeleta de votación presidencial sin el nombre que ha dominado el escenario político: Rafael Correa.
Su sucesor saldrá de entre ocho binomios. Las encuestas están encabezadas por el candidato oficialista de Alianza País, Lenín Moreno, vicepresidente de Correa en 2007-2013; el ex banquero conservador Guillermo Lasso; la social cristiana Cynthia Viteri y el ex alcalde de Quito y héroe de la guerra entre Ecuador y Perú de 1995, Paco Moncayo.
Según el sistema electoral ecuatoriano, si un candidato obtiene más de 40% de votos válidos —sin contar nulos y blancos— y mantiene una diferencia de 10 puntos con el segundo, gana los comicios sin necesidad de otra vuelta. Los encuestadores y politólogos dicen que ese escenario es poco probable, aunque no imposible.
La campaña electoral arrancó el 3 de enero de 2017, pero los candidatos empezaron su proselitismo mucho antes. Quizás el que más tiempo y dinero ha invertido es Lasso, ex banquero con posturas liberales para la economía y ultraconservadoras para lo social. Militante del Opus Dei que rechaza el condón, estuvo nominado en 2013 pero salió segundo con casi 23% de votos. Correa se reeligió en primera vuelta con más de 57%.
En las legislativas de 2013, Alianza País logró el control de la Asamblea Nacional (parlamento) lo que le dio gobernabilidad al país y le permitió aprobar leyes que consideraba esenciales. Para los críticos, la asamblea ha funcionado como una aplanadora legislativa que allanó el camino para los abusos y excesos de un líder tan eficiente como autoritario.
Hoy el panorama es muy diferente. “Alianza País tiene problemas graves”, dice el politólogo Oswaldo Moreno: “Desgastada luego de diez años, Moreno es un excelente candidato pero no es invencible como Correa. Súmale a eso a Glas, que terminó siendo un lastre”. Se refiere al ingeniero Jorge Glas Espinel, vicepresidente del segundo período de Correa y compañero de fórmula de Moreno, mencionado en graves casos de corrupción que involucran a sectores bajo su directa supervisión. Pese al revuelo mediático de estos casos, analistas estiman que no es el factor principal hoy.
“A la gente de los estratos sociales más bajos no les interesa que haya corrupción, porque tiene un argumento: ‘Este gobierno nos ha puesto en el mapa’”, dice Paolo Moncagatta, experto en estudios de opinión pública. “Es gente excluida política y económicamente por siglos en el Ecuador, y recién este gobierno les ha dado acceso a la salud, a la educación, a cierto tipo de bienestar. Esa gente votará por Alianza País”.
No así la clase media, beneficiada con la bonanza inicial de Correa, pero que sí repudia la corrupción aunque guarda silencio en las encuestas. Eso explicaría el altísimo porcentaje de indecisos: de 35 a 50% de los electores.
