En la sesión del pleno del Congreso de Yucatán se aprobó por unanimidad la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de reforma de ley en materia de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en la legislación estatal.
Se contó con la intervención a favor desde tribuna por parte de la diputada por Morena, Jazmín Villanueva Moo. Por su parte, Gaspar Quintal Parra, coordinador de la fracción legislativa priista, indicó que desde el PRI exigen toda la fuerza del Estado a quienes realizan actos delictivos que amenazan la seguridad; y con el mismo énfasis, exigen el respeto a los derechos de los ciudadanos que cumplen con la ley y todos los días trabajan por sacar adelante a sus familias.
“Esta iniciativa es fruto del estudio serio y profesional de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública, con el conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos de este poder; teniendo como antecedentes una iniciativa motivada a raíz de los lamentables hechos relacionados con el joven José Eduardo Ravelo, que culminó en una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado y al Ayuntamiento de Mérida, por parte de la CNDH, por violaciones a los derechos humanos ante la retención ilegal y uso excesivo de la fuerza que derivó en tortura contra el joven y presumiblemente tuvo como consecuencia su fallecimiento”, aseguró.
Quintal Parra explicó que entre los aspectos relevantes de la reforma aprobada están la distribución de las competencias de entre las autoridades en la materia, es decir, además de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, otras autoridades tendrán la facultad de actuar para prevenir actos de tortura y, por otro lado, se fortalecen las atribuciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención, así como garantizar la reparación del daño a las víctimas de tortura.
Asimismo, se adicionan facultades a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) para que puedan acceder inmediatamente a lugares donde se encuentren personas privadas de la libertad, para la realización de tareas de supervisión y dar cuenta de posibles violaciones a derechos humanos.
Además, se crea la Vicefiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos Crueles, Inhumanos y Degradantes en la Fiscalía General del Estado y se dota de competencias a la Secretaría de Salud para la realización de actos preventivos e identificación de posibles casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, a través de un programa encaminado a su prevención.
También, las instituciones policiacas contarán con obligaciones específicas establecidas en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura.
“Casos como el de José Eduardo Ravelo no se pueden volver a repetir en Yucatán, por eso desde el Congreso debemos actuar con firmeza con el fin de mantener la paz y seguridad que ha caracterizado a Yucatán”, agregó.
DMZ
