Un juez federal vinculó a proceso a las cinco personas detenidas la semana pasada por su presunta participación en hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
Entre los vinculados a proceso se encuentran el médico forense Julio César Valladares, el médico Ben Yehuda Martínez Hernández, el director estatal del Servicio Médico Forense (Semefo), Julio Cesar "N", así como Helen Rueda y Violeta Mazón, propietarios de la funeraria "Rueda" que forma parte de una de las líneas de investigación del caso.
Las detenciones fueron ejecutadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que les atribuye presuntos delitos relacionados con la desaparición de los normalistas, entre ellos desaparición forzada de personas y ejercicio indebido del servicio público, dentro de una investigación vinculada con la denominada "tesis de las funerarias".
Desde su captura, los familiares de los imputados rechazaron las acusaciones y sostuvieron que ninguno de ellos participó en la desaparición de los estudiantes. En el caso del médico Julio César Valladares, recordaron que desde 2014 compareció en múltiples ocasiones ante la FGR como parte de las investigaciones, debido a su labor como médico especialista del Servicio Médico Forense de Iguala.
Por su parte, la familia del médico Ben Yehuda Martínez Hernández aseguró que existe una confusión de identidad, al señalar que en 2014 él ni siquiera había concluido la carrera de Medicina ni laboraba en el Semefo, por lo que consideran que fue relacionado con los hechos por compartir el mismo nombre que su padre.
Tras la resolución judicial, la esposa de Julio César Valladares, Osiris Ramírez, difundió un mensaje en el que confirmó la vinculación a proceso de su esposo y pidió a familiares y amigos mantener la confianza en que el proceso permitirá demostrar su inocencia.
En entrevista telefónica lamentó la decisión de la jueza de vincularlo a proceso, al señalar que la familia esperaba un resultado favorable y mantiene la confianza en que durante el desarrollo del juicio podrá demostrarse su inocencia. Indicó que ahora corresponderá a la defensa presentar los argumentos y las pruebas que acrediten que su esposo no participó en los hechos que le atribuye la Fiscalía General de la República.
Osiris Ramírez consideró que la resolución judicial retomó principalmente los argumentos expuestos por el Ministerio Público, sin realizar —desde su perspectiva— un análisis profundo de los planteamientos y pruebas presentados por la defensa.
No obstante, dijo confiar en que las siguientes etapas del proceso permitan una valoración más amplia, objetiva e imparcial de las evidencias. También afirmó que la familia permanecerá atenta al desarrollo del caso al considerar que se trata de un asunto de alto impacto mediático y político, y reiteró que las acusaciones contra su esposo "no tienen coherencia, sustento ni argumentos", por lo que insistió en que la verdad deberá prevalecer conforme al debido proceso.
"Esta decisión representa el inicio de una etapa más dentro del proceso legal; no constituye una sentencia ni determina su culpabilidad", expresó.
Los familiares reiteraron que seguirán impulsando acciones legales para demostrar la inocencia de los detenidos y solicitaron que el proceso se desarrolle con apego al debido proceso, transparencia y respeto a los derechos humanos.
Mañana se espera que realicen una marcha en la capital del estado, para exigir su liberación.
