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Unicef: 13% de menores usuarios de internet sufren abuso sexual

De acuerdo con el estudio “Disrupting Harm México: proteger a la niñez frente a la violencia digital”, en 64 por ciento de casos los victimarios pertenecen al círculo cercano del afectado.

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La violencia y explotación digital que viven niñas, niños y adolescentes en México no siempre proviene de sectores especializados que están al acecho de nuevas víctimas; los últimos estudios refieren que en 64 por ciento de los casos los victimarios pertenecen al círculo cercano y que una de cada tres víctimas vive en soledad este problema, porque no sabe a dónde acudir o incluso que se podía denunciar.

De acuerdo con el estudio “Disrupting Harm México: proteger a la niñez frente a la violencia digital”, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que se llevó a cabo entre 2024 y 2025, no existe un solo espacio donde las y los menores estén a salvo; la escuela, la casa y las redes sociales se han convertido en sitios propicios para lastimar su integridad psicológica y, en ocasiones, de forma física.

José Antonio Ruiz Hernández, oficial nacional de Protección a la Infancia de Unicef, alertó que los hallazgos de este estudio deben llamar la atención y prender las alarmas, porque están sucediendo cosas que se escapan de las manos, donde la legislación va uno o dos pasos atrás, con figuras obsoletas, condiciones difíciles de probar, sin programas de difusión, capacitación y apoyo para las infancias y adolescencias.

“El daño en las redes y medios de mensajería instantánea es real, no podemos minimizar que se genera un daño, y es con la misma intensidad, aunque físicamente no se pueda ver (...) por lo que los estados deben ver cómo pueden reforzar sus medidas para prevenir, combatir y castigar la explotación digital”, añadió.

 

Tecnología no es un enemigo

Ante integrantes de la comisión legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, así como autoridades educativas, advirtió que la violencia a la cual están expuestos es mucha, en el ámbito familiar, escolar y en las redes sociales. En el país, uno de cada dos menores ha sufrido algún castigo psicológico o físico.

Hay violencia en la comunidad, añadió, expresada como desapariciones, homicidios y desplazamientos; en el ámbito escolar, con manifestaciones distintas.

Advirtió que no hay un solo espacio donde estén totalmente protegidos, pero enfatizó en que no se debe satanizar a la tecnología porque puede ser una gran aliada, al igual que los juegos, el problema es que en ese espacio existen actores que buscan hacer daño.

Hay que tener claro, explica el estudio, que 13 por ciento de la población infantil usuaria de Internet en México, de entre 12 y 17 años, sufrió explotación o abuso sexual, lo cual fue facilitado por la tecnología, lo cual en números absolutos significa 1.6 millones de menores al año.

La encuesta muestra que la forma más común de abuso y explotación sexual facilitados por la tecnología, fue la exposición no deseada de imágenes sexuales en 7 por ciento de los casos, y casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de abuso y explotación sexual no solo una, sino de manera reiterada, a partir de la tecnología.

Lo grave, acotó, es que 64 por ciento de los casos de abuso y explotación sexual -a partir de la tecnología-, las víctimas ya conocían a la persona perpetradora. En 29 por ciento de los casos fue por amistades, en 19 por ciento por parejas, en 16 por ciento por familiares, solo en 15 por ciento fue por una persona desconocida o alguien a quien la víctima no conocía antes de sufrir abuso o explotación sexual.

En entornos digitales existen actores que buscan hacer daño a los menores. ARCHIVO
En entornos digitales existen actores que buscan hacer daño a los menores. ARCHIVO
Espacios seguros

El estudio explicó que la escuela ya no es un espacio seguro. En 39 por ciento de los casos, el primer encuentro con la persona perpetradora fue en los planteles educativos; 31 por ciento se produjo en Internet, 16 por ciento en espacios públicos, 11 por ciento en su hogar y 2 por ciento durante distintas actividades deportivas.

Entre las personas perpetradoras señalaron a personas adultas o parejas que empezaron solicitando fotos no sexuales, luego imágenes o contenidos sexualizados, para lo cual recurrieron a la manipulación o amenazas.

En 32 por ciento de los casos el abuso y explotación sexual fueron facilitados por la tecnología y no hablaron con nadie sobre este hecho, 17 por ciento solo se lo contó a sus amistades, 16 por ciento a una cuidadora y 14 por ciento a hermanos; esto debido a que dos de cada 10 dijo que no habló sobre el asunto por vergüenza.

Aunado a eso, en 16 por ciento de los casos no sabían a dónde acudir o a quién contárselo y en el 14 por ciento no creían que el hecho tuviera la suficiente gravedad como para revelarlo o fueron amenazados por la persona perpetradora. Pero la mayoría tuvo temor a que se les culpara o juzgara.

“Aunque la legislación mexicana permite a las niñas, niños y adolescentes denunciar por sí mismos delitos sexuales, en la práctica, a menudo se les exige que vayan acompañados de un tutor para presentar ante la Fiscalía una denuncia, lo que puede desalentar, aunado a que hay agentes que les exigen ver el contenido del video o las fotos, lo cual los vuelve a exponer, sin contar con casos donde algún profesionista de psicología les dijo que eso les pasó por su culpa”, explicó.

El tema, acotó, es cómo hacer que los espacios escolares sean seguros y tener en cuenta que no solo son las redes sociales el medio, porque, aunque 52 por ciento de los casos se dan a través de Facebook, en segundo lugar está WhatsApp, que es mensajería instantánea, y en tercer lugar Instagram.

El especialista reconoció que hay leyes en el país, pero cuando es por tecnología se presentan muchas brechas y resulta más difícil probarlo y castigar, pues es una violencia que no deja marcas físicas, de la cual no siempre se tienen pruebas.

Afirmó que actualmente no se incluye a la IA y se señalan plataformas o tecnología obsoleta. Por ejemplo, se reconoce el delito de la pornografía infantil, pero no se menciona la transmisión en directo; se piensa que siempre queda grabado o que hay evidencias.

 

Las recomendaciones

José Antonio Ruiz señaló que estos datos reflejan que las infancias y adolescencias necesitan apoyo, herramientas y conocimientos adecuados, para reconocer las dinámicas en las relaciones y los comportamientos sexuales perjudiciales, tanto en persona como en línea.

Y las personas adultas necesitan crear entornos de apoyo y libres de estigma en los que niñas, niños y adolescentes puedan sentirse seguros al hablar de sus relaciones o revelar los abusos sufridos, donde no es conveniente enseñarlos a obedecer sin cuestionar o que los adultos siempre tienen la razón, o que no hablen de su sexualidad.

“El problema es que muchos casos se produjeron en las redes sociales; sin embargo, el marco jurídico vigente en México establece una responsabilidad limitada para los proveedores de servicios de Internet y las plataformas en línea, lo que deja importantes vacíos en materia de prevención, detección y denuncia de contenidos abusivos.
“Las plataformas y los proveedores de servicios de Internet son colaboradores y partes interesadas clave en la configuración de los entornos en línea de las niñas, niños y adolescentes, lo que incluye el diseño de funciones de seguridad, herramientas de denuncia y la detección y eliminación rápida de material dañino”, abunda el estudio.

México, sostiene el estudio de la Unicef, necesita marcos jurídicos más sólidos y una colaboración sostenida con los proveedores digitales como asociados en la protección de la infancia, evitar los vacíos jurídicos que generan un doble trauma y evitar que queden expuestos a sus victimarios.

La investigación fue presentada en el Congreso mexiquense. CORTESÍA: LEGISLATURA
La investigación fue presentada en el Congreso mexiquense. CORTESÍA: LEGISLATURA

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Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
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