Han pasado 38 años desde el cierre y privatización de Hules Mexicanos en Altamira y para cientos de extrabajadores la herida sigue abierta. Lo que comenzó como una promesa de participación accionaria tras la venta de la empresa, hoy se ha convertido en una lucha prolongada por justicia, reconocimiento y rendición de cuentas.
Víctor Jiménez Galindo, representante común del movimiento de extrabajadores, recuerda que el cierre ocurrió en los primeros años del modelo neoliberal en México, cuando la privatización de empresas estatales se volvió una práctica recurrente. En ese contexto, el gobierno federal decidió vender Hules Mexicanos, una petroquímica que operaba con participación mayoritaria del Estado a través de Petróleos Mexicanos.
Aunque la empresa fue privatizada, el proceso dejó establecido un beneficio para los trabajadores: una participación accionaria de al menos el 2.5 por ciento del capital social suscrito, correspondiente a alrededor de un millón 350 mil acciones. Sin embargo, de ese porcentaje, los extrabajadores nunca han recibido información clara, dividendos ni el reconocimiento formal como socios.
Jiménez Galindo explica que, en los hechos, los trabajadores quedaron como socios en el papel, pero no en la práctica. Las dos plantas que conformaban la empresa se han negado sistemáticamente a reconocerlos como accionistas y a rendir cuentas sobre utilidades durante casi cuatro décadas.
Actualmente, más de 300 extrabajadores siguen esperando una respuesta, pues unos 200 ya fallecieron sin ver resuelto el conflicto. La mayoría de los sobrevivientes son adultos mayores; algunos son viudas y otros padecen enfermedades crónicas. Aun así, la organización decidió recurrir a una medida extrema.
Marcha pacífica en Altamira
En el marco del 38 aniversario del cierre de la empresa, los extrabajadores encabezaron una marcha pacífica sobre el bulevar Allende, avanzando hasta la explanada de la Presidencia Municipal, con el apoyo de elementos de Tránsito y Vialidad, quienes resguardaron el recorrido.
Huelga de hambre por tiempo indefinido
Posteriormente, los extrabajadores iniciaron una huelga de hambre por tiempo indefinido. El objetivo, según su representante, es dejar constancia pública de que siguen presentes y que no aceptarán ser borrados de la historia laboral e industrial del país.
La decisión no fue tomada a la ligera. Jiménez Galindo subraya que se trata de un acto desesperado ante la falta de respuesta de las autoridades y de las empresas involucradas. Señala que el movimiento siempre ha actuado de manera organizada, con personalidad jurídica y notificando formalmente cada una de sus acciones.
El llamado del movimiento va dirigido a los tres niveles de gobierno, aunque la competencia directa corresponde a la Federación, al tratarse de una empresa que fue propiedad mayoritaria del Estado mexicano. No obstante, Jiménez Galindo apela también a la responsabilidad y humanidad de las autoridades estatales y municipales, al tratarse de ciudadanos tamaulipecos que dedicaron su vida laboral a una empresa estratégica.
SJHN
