El consejero jurídico de la Oficina del Ejecutivo estatal, Marco Antonio García Barrientos, aseguró de forma categórica que los procedimientos legales relacionados con la firma Grupo Empresarial Dalka no obedecen a motivaciones políticas o mediáticas, ni a diferencias de carácter personal.
“No hay ninguna persecución política”, aseveró el funcionario.
Al ofrecer una aclaración pública, detalló que se trata de un litigio civil y administrativo desarrollado durante más de tres años ante instancias locales y federales. Asimismo, dejó en claro que en ningún momento de las etapas procesales la parte interesada ha acusado formalmente ante alguna autoridad que Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador Américo Villarreal Anaya, haya exigido el cobro de presuntos “moches” o comisiones ilícitas a cambio de un contrato gubernamental.
García Barrientos recalcó que dentro de los expedientes judiciales oficiales no existe registro alguno de señalamientos relacionados con solicitudes de beneficios económicos por parte de familiares del mandatario. Subrayó que tales afirmaciones —vertidas por el representante de la empresa en diversos medios de comunicación durante la última semana— jamás formaron parte de las demandas, recursos, pruebas o promociones presentadas formalmente durante el desarrollo del juicio.
“Las resoluciones emitidas por los tribunales se construyeron con base en documentos, pruebas y elementos incorporados formalmente a los expedientes, no a partir de declaraciones unilaterales realizadas en medios de comunicación”, puntualizó.
Incumplimiento de pólizas y rescisión contractual
Al explicar el origen histórico del conflicto, el consejero jurídico sostuvo que las actuaciones del Gobierno de Tamaulipas han sido minuciosamente revisadas por tribunales de alzada y jueces de Distrito, los cuales han confirmado la legalidad de las decisiones adoptadas por la administración estatal.
El asunto se remonta al contrato celebrado el 15 de marzo de 2023 para el suministro de despensas del programa alimentario local. Dicho acuerdo fue rescindido de manera justificada por el Gobierno del Estado al considerar que el proveedor incumplió una obligación esencial: la presentación en tiempo y forma de las pólizas de fianza requeridas para garantizar el cumplimiento de sus compromisos contractuales.
Tras la rescisión, la empresa promovió un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa reclamando una indemnización por daños y perjuicios. Aunque inicialmente una sala unitaria resolvió a favor de la compañía, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa revocó esa determinación por unanimidad y ordenó la reposición del procedimiento, una resolución que posteriormente fue confirmada por las autoridades federales al resolver y negar un juicio de amparo promovido por los particulares.
La pista penal: Contradicción documental
García Barrientos explicó que la investigación penal que actualmente corre a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra del dueño del grupo empresarial no deriva de diferencias ideológicas, sino de un presunto fraude procesal detectado dentro del propio expediente.
La Fiscalía solicitó información detallada a la institución afianzadora encargada de emitir las pólizas de garantía que la empresa presentó como vigentes. Al cotejar los datos, se encontró una grave discrepancia: mientras que en el juicio administrativo el corporativo sostuvo bajo protesta de decir verdad que las pólizas habían sido entregadas el mismo día de la firma del contrato, la institución emisora informó de manera oficial que dichos documentos fueron expedidos casi un mes después.
“Fue precisamente esa contradicción documental la que dio origen a la carpeta de investigación penal. No se trata de opiniones; se trata de hechos contenidos en expedientes oficiales que hoy son objeto de análisis por parte de los ministerios públicos competentes”, señaló.
Apertura al diálogo y protección del erario
El consejero jurídico también desmintió de forma tajante que exista una medida cautelar de arraigo o restricciones a la libertad de movimiento en contra del empresario involucrado. Reveló que el pasado 3 de junio, durante el desahogo de una audiencia judicial, la propia representación legal de Dalka solicitó una pausa procesal para explorar una posible conciliación económica con el Estado.
Derivado de ese acuerdo, el representante de la empresa acudió de forma personal a las instalaciones de Palacio de Gobierno, donde fue recibido por autoridades de la Secretaría de Gobierno en un marco de respeto institucional. El funcionario exhibió ante los medios un video de las cámaras de seguridad donde se aprecia al contratista caminar libremente por los pasillos del recinto.
Finalmente, el funcionario reiteró que la actuación del Gobierno de Tamaulipas ha estado orientada en todo momento a proteger el interés público y garantizar el uso pulcro de los recursos estatales. Informó que el suministro de despensas fue subsanado posteriormente de manera transparente a través de un convenio con DICONSA, institución del Gobierno Federal que ofreció mejores condiciones de calidad y precio en beneficio de las familias tamaulipecas.
