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Jueves , 25.04.2019 / 00:01 Hoy

Tamaulipas, lugar 20 en evaluación de justicia

El estado recibió $428 millones para infraestructura, capacitación y equipamiento; el año pasado ingresaron 794 carpetas a los jueces del modelo procesal penal acusatorio.
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En el ranking del avance en la consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en las entidades federativas, Tamaulipas se encuentra en el lugar número veinte.

Un estudio del Centro de Investigación y Desarrollo A.C.(Cidac) denominado "Hallazgos 2016", indica que el estado tiene 227 puntos de un estándar de 500 para este año y en donde el ideal es un puntaje de 1000.

La entidad mejor posicionada es Guanajuato con 390 y Guerrero la peor con apenas 131 puntos. El análisis indica que una vez que concluyó el periodo para la implementación del sistema de justicia adversarial, es posible observar los recursos invertidos para dicho propósito.

Se destinaron a nivel nacional 14 mil 758 millones 975 mil 361 pesos para la implementación de la reforma constitucional, distribuidos entre los estados.

Tamaulipas recibió 428 millones 099 mil 611.82 pesos, desglosados en $342,076,449.00 del Fideicomiso (2014-2016) y $86,661,113.82 del Subsidio Setec (2010-2016) para proyectos de infraestructura, equipamiento y capacitación.

El estado tuvo 794 carpetas administrativas (judicializadas, electrónicas) ingresadas a los jueces del sistema procesal penal acusatorio hasta el cierre del año 2016, de las cuales 123 fueron con detenido y 671 sin detenido.

Se registraron 13 actos de investigación que requieren control judicial, 457 asuntos celebraron audiencia inicial, hubo 8 casos en los que no se calificó de legal la detención, en 158 sí se consideró legal, 23 casos no se vincularon a proceso, 480 sí se vincularon. 240 medidas cautelares otorgadas, 122 carpetas finalizadas en la etapa de control.

83 que concluyeron por sobreseímiento, 9 terminaron por criterios de oportunidad, 55 carpetas culminaron por medios alternativos de solución de conflictos, 5 por procedimiento abreviado, 26 por acuerdos reparatorios, 24 por suspensión condicional del proceso.

En total fueron 636 carpetas en trámite, 213 en investigación complementaria, 37 carpetas con actos pendientes de cumplimentar (órdenes de aprehensión, comparecencia, etcétera).

41 carpetas llegaron a audiencia intermedia, 6 a juicio oral, 6 finalizadas por sentencia, 1 sentencia absolutoria dictada y cinco condenatorias, sumando un total de 1526 audiencias en el estado.

El informe señala que el proceso de implementación que culminó en 2016, careció de un modelo homologado de investigación criminal en las instituciones de procuración de justicia a nivel nacional.

"Las deficiencias institucionales en la materia han propiciado no solo impunidad, sino también violaciones graves de derechos humanos. Para evitar estas prácticas y garantizar una efectiva procuración de justicia, es urgente desarrollar nuevos modelos de investigación criminal", destaca.

Agrega que actualmente las defensorías públicas continúan siendo las operadoras en mayor desventaja, no solo en la asignación de recursos, sino también en materia de organización y gestión.

Cita que de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), hoy en día el número de asesores jurídicos en el país es insuficiente, además de reconocer que no todos cuentan con las habilidades y capacidades que requiere el sistema acusatorio.

"Hallazgos 2016" precisa que a octubre de ese año, en el orden federal, la CEAV contaba con solo 66 asesores jurídicos , mientras que en los estados había 699. Tamaulipas tenía 24; la Ciudad de México 126, Oaxaca e Hidalgo ninguno.

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"Si se compara el número de asesores jurídicos contra el número de víctimas en cada entidad federativa, aún existe una gran brecha para garantizar el derecho de las víctimas a la representación jurídica. A nivel nacional se necesitan 4006, hay un déficit de 83%".

Por otra parte, menciona que a pesar de que con el traslado de funciones al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) los esfuerzos para la consolidación estarán enfocados en la seguridad pública, la policía hoy es percibida como el eslabón más débil del sistema de justicia penal y una de las instituciones públicas con menor confianza por parte de la ciudadanía.

Destaca también que de acuerdo con el reporte "La cara del sistema de justicia penal: ¿qué le hace falta al policía primer respondiente?", no existe coordinación entre policía y Ministerio Público, debido por un lado, a la falta de confianza entre ambas instituciones, y por el otro, a la ausencia de criterios homologados establecidos por el MP respecto a la forma en que los policías deben llenar los informes, lo que afecta considerablemente su labor.

Por otro lado, pese a que el Protocolo Nacional del Primer Respondiente, establece que todas las corporaciones policiales están obligadas a utilizar el Informe Policial Homologado (IPH), esto no sucede en la práctica e incluso ocurre que hay policías que ni siquiera conocen el formato.

Añade que no existe en la Comisión Nacional de Seguridad una autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, lo que impacta negativamente en los objetivos del sistema acusatorio, pues no ha permitido reducir el uso de la prisión preventiva como medida cautelar.

Cidac observó un escenario de claroscuros que, si bien presenta buenas prácticas y aciertos, se encuentra lejano del ideal prometido ocho años atrás.

Y es que el sistema acusatorio ha iniciado operaciones a nivel nacional con un marco legal que no satisface las necesidades y las pretensiones del nuevo modelo de justicia.

Subraya que a un año de que concluyó el plazo constitucional, aún no es posible descartar una contrarreforma.


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