Morelos se convirtió en el segundo estado del país en contar con una alerta de género para atender la violencia en contra de la mujer, luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó este lunes la medida para ocho municipios de la entidad.
La alerta es para los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Xochitepec, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco y Yautepec, donde se busca frenar los casos de violencia contra mujeres, dijo el gobernador Graco Ramírez.
Tras conocerse la determinación de la Segob, el mandatario estatal tomó la protesta a los integrantes de la nueva Comisión Estatal para la Prevención de Violencia de Género, y destacó que los números que dieron origen a la alerta de género para el estado fueron tomados del año 2000 al 2013.
Indicó que "uno de los principales puntos a atacar" en esta alerta de género, es el combate de los giros rojos y negros que están establecidos en el "corredor" que conforman los municipios del oriente de Morelos -y que inicia en Jiutepec- donde la mujer es tratada como mera mercancía para el comercio sexual.
Por su parte, la coordinadora del Comité Contra el Feminicidio en Morelos (Cocofem), Ixlol Preciado Bahena, se mostró sorprendida de que la Segob sólo haya observado ocho municipios en su alerta de género, debido a que la violencia contra las mujeres está esparcida en todo el estado y no sólo en esos municipios.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) fue la entidad que recibió la notificación de que la Segob había emitido la alerta de género para ocho municipios de la entidad, pues este organismo fue el principal impulsor e interesado en el establecimiento de dicha medida.
De acuerdo con el texto del decreto de alerta de género, la medida no implica demérito alguno para el o los gobiernos de los estados o municipios a quienes va dirigido, sino que es una oportunidad que propicia la corresponsabilidad con los municipios y permite la acción conjunta de gobierno estatal y ayuntamientos, junto con el gobierno federal, para coordinar acciones interinstitucionales que permitan poner en marcha una estrategia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
