Una fábrica pinta de azul marino el Río Xochiac. Las aguas provenientes de la lavandería de mezclilla salen desde un tubo subterráneo hasta vaciar sus desechos en el afluente del Río Atoyac. El intenso olor a químicos se cuela por debajo del puente Xochiatl y alcanza a percibirse en la carretera federal México-Puebla, a la altura del municipio poblano de Huejotzingo. Este mediodía sobresale un aroma parecido a la acetona.
La cuenca que transporta estos desperdicios que vierte la poderosa industria de la mezclilla –México es el segundo exportador de jeans a Estados Unidos– nace en la Sierra Nevada, viaja por numerosos ríos y afluentes que recorren 60 municipios de Puebla y Tlaxcala hasta llegar a Guerrero, donde el Río Atoyac cambia de nombre a Río Balsas. Los remanentes de aquellos desechos finalmente desembocan en el Pacífico.
Siguiendo la ribera del río aparece Ecotérmica de Oriente S.A. de C.V., un depósito de desechos hospitalarios biológico-infecciosos. La entrada al Parque Industrial Quetzalcóatl, que alberga empresas refresqueras, automotrices y procesadoras de alimentos, está pocos metros adelante. Allí, entre campos de cultivo e industrias, el Río Xochiac desprende espuma. El color azul mezclilla se torna gris opaco.
Un sinfín de estudios realizados por autoridades, universidades y organizaciones de la sociedad civil documentan que en los cauces del Alto Atoyac corren heces fecales, metales pesados, desechos químicos y compuestos cancerígenos, por encima de los límites permisibles.
En julio de 2008, en la Evaluación del riego sanitario ambiental de las zonas aledañas al río Atoyac, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) identificó la presencia de 43 compuestos tóxicos en el cauce, provenientes de las descargas industriales. La autoridad registró cancerígenos como el benceno, arsénico, cadmio y aluminio. Sobre los riesgos sanitarios para los habitantes de la región, Conagua sólo mencionó las enfermedades infecciosas intestinales.
Los municipios son los encargados del tratamiento y disposición de las aguas residuales, mandata el Artículo 115 de la Constitución. Las industrias pueden verter sus aguas tanto en los alcantarillados municipales, como directamente en ríos y mares, luego de pasar por plantas de tratamiento, siempre y cuando cumplan con los límites de contaminantes establecidos por la Norma Oficial Mexicana (NOM) y las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
“Se supone que las industrias deberían de tener sus propias Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, pero son meramente simulación, elefantes blancos que no operan porque es una inversión que no quieren hacer. El agua la meten por tuberías y la desaguan al río o al alcantarillado público”, afirma Reyna Xochipa Morante, ambientalista y docente de la Universidad Tecnológica de Puebla.
En cuanto a los municipios, el abogado ambientalista Vadir Arvizu señala que “echar a andar una planta tratadora municipal cuesta entre 3 y 4 millones de pesos en mantenimiento, así que simplemente las apagan”. El litigante que promovió un juicio de amparo contra 35 autoridades, por sus omisiones frente a la contaminación del Atoyac, añade que “los municipios son los encargados de verificar quién está tratando sus aguas, y quién no, antes de verterlas en los alcantarillados públicos, pero nadie trata nada y es una situación generalizada en todo el país”.
Las tristes cuentas alegres
Una investigación realizada por ETHOS, basada en una revisión a las Cuentas Públicas consolidadas de 2013 a 2017, revela que se destinaron 3 mil 500 millones de pesos de aportaciones de la federación y subsidios de la Conagua para la construcción y rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs) municipales en Puebla y Tlaxcala.
Cerca de una tercera parte, más de 940 millones de pesos, se destinaron a 16 plantas de tres municipios poblanos: San Martín Texmelucan, Huejotzingo, San Andrés Cholula, y tres tlaxcaltecas: Tlaxcala, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y Tepetitla de Lardizábal.
Luego de una investigación sobre la contaminación en el Atoyac, la CNDH emitió en marzo de 2017 una recomendación a autoridades federales, estatales y municipales. La información dio sustento al amparo promovido por el abogado Vadir Arvizu, que triplicó el número de autoridades involucradas. La investigación de la comisión y las respuestas al juez en el juicio de amparo dan cuenta que, de las 16 PTARs, sólo seis están operando y de otras seis se desconoce su ubicación.
Ocho años de investigación infructuosa
“No es lo mismo tratar heces fecales o aguas jabonosas, que tratar químicos, metales pesados y compuestos orgánicos volátiles de las aguas de las industrias. Las plantas municipales no tienen la capacidad de tratar esos compuestos, no están diseñadas para eso y truenan”, dice Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés DH y Desarrollo local A.C.
En la región, un número indeterminado de municipios, industrias y talleres de teñido de mezclilla descargan sus aguas residuales sin tratamiento a los alcantarillados públicos y cauces de agua, desde hace un cuarto de siglo.
“Es del conocimiento de las autoridades la existencia de descargas que no cuentan con permiso y que no se tiene un registro de las mismas”, dicta la recomendación de la CNDH sobre la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes en Puebla y Tlaxcala.
El sexto visitador general de la CNDH, Jorge Ulises Carmona Tinoco, señala que las autoridades, las empresas y los pobladores son los responsables de la contaminación en el Atoyac. Y añade que “la falta de coordinación por parte de las autoridades federales, estatales y municipales es una constante, generando que nadie quiera hacer algo o digan: ‘esto no me toca a mí’”.
La CNDH inició la investigación en 2011, ocho años después aún se desconoce el número exacto y ubicación de todas las plantas de tratamiento de los municipios de Puebla y Tlaxcala, incluidos en la citada recomendación.
Proporcionar la información necesaria para realizar visitas de inspección de las obras, es una de las reglas de operación de los subsidios financiados por la Conagua. Sin embargo, las coordenadas de las PTARs en los seis municipios poblanos y tlaxcaltecas, registradas ante la SHCP, corresponden a expendios de paletas de hielo, casas en obra negra, terrenos baldíos y estacionamientos.
Los más de 940 millones de pesos para las 16 plantas de tratamiento de agua provinieron de aportaciones etiquetadas por la federación, así como de subsidios a través del presupuesto asignado a la Conagua, los últimos depositados directamente en las cuentas bancarias de los ejecutores de las obras: la Secretaría de Infraestructura de Puebla y la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda de Tlaxcala.
Municipios poblanos: cuando el río apesta
“El río baja multicolores todo el bendito año. A veces gris, azul marino, verde, negro o rojo”, dice la encargada del parque público El Chamizal, en San Martín Texmelucan de Labastida, Puebla.
El Río Acotzala o Cotzala, afluente del Río Atoyac, corre a escasos metros de un área de juegos para niños. A finales de junio pasado, el agua estaba negra. El contraste con el verde de los árboles y el pasto, cuidadosamente podados por la empleada del Ayuntamiento de San Martín, lucía desconcertante.
De los más de 940 millones de pesos de recursos de la federación, destinados a impulsar las plantas de la región, casi 100 millones fueron para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de nueve PTARs de los tres municipios poblanos atravesados por las aguas contaminadas del Río Atoyac. De esas nueve plantas, al menos siete siguen fuera de operación.
Hasta la fecha, la Secretaría de Infraestructura de Puebla sólo ha ejercido 45.5 millones, mismos que han sido entregados a contratistas.
“Lo que han privilegiado es el negocio con la construcción de plantas municipales, es un mega negocio, le dan la obra a un grupo empresarial pero no las ponen en marcha, los dejan como meros elefantes blancos”, cuenta Alejandra Méndez, directora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.
Aunque la Secretaría de Infraestructura haya ejercido sólo la mitad de los recursos recibidos por la federación, siete de las nueve PTARs están registradas como terminadas y finiquitadas; una se reportó en “rescisión de contrato” y otra como “obra cancelada”.
En caso de no cumplir con las obligaciones asumidas, los ejecutores –en este caso el gobierno de Puebla– deben restituir los recursos a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Entre 2013 y 2017, de los casi 100 millones de pesos para las PTARs de los tres municipios poblanos (San Martín Texmelucan, Huejotzingo y San Andrés Cholula), la Secretaria de Infraestructura de la entidad sólo devolvió 3.3 millones.
En febrero de 2017, personal del municipio de San Martín Texmelucan afirmó, en entrevista con miembros de la CNDH, que la planta de tratamiento municipal nunca entró en operación, a pesar de que la federación destinó recursos para su rehabilitación.
Un mes más tarde, Raymundo Martínez Montes, director general del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio San Martín Texmelucan (Sosapatex), confirmó que la planta no estaba en funciones, en un folio dirigido al juez en la Ciudad de México que lleva el amparo.
La Planta de Tratamiento en la cabecera de San Martín Texmelucan finalmente abrió sus puertas en el verano de 2017, o al menos eso dijo un vigilante desde la reja de entrada a la planta, ubicada en la calle Independencia.
“El río huele muy feo por las descargas industriales y de las casas, y luego la gente también tira su basura y animales muertos”, cuenta una habitante de la colonia Soledad en San Martín Texmelucan.
De las nueve PTARs, en los tres municipios poblanos, dos estarían en funciones: una en la cabecera de Huejotzingo, en la colonia Benito Juárez, según información de la Conagua. Otra, la de la cabecera de San Martín Texmelucan, la misma que según el vigilante estaría operando desde septiembre de 2017.
Sobre la operación de las siete plantas restantes, en localidades de San Martín Texmelucan, Huejotzingo y San Andrés Cholula, las autoridades municipales declaran desconocer el dato u omiten citarlas, según puede observarse en el expediente del juicio de amparo.
Tlaxcala: cuando el río enferma
“Aquí, en la fábrica, entran unas 10 mil piezas de mezclilla al día. Hacemos los terminados Glitch y Megaglitch con cloro. Para los Stone usamos hipoclorito de sodio. También nos llega la tela cruda y la teñimos”, dice un empleado de la fábrica de terminado de jeans en la localidad de Villa Alta, en el municipio de Tepetitla de Lardizábal.
La fábrica donde labora el tlaxcalteca descarga los colorantes y químicos usados directamente al Río Atoyac. El hombre explica que las lavanderías de jeans en Puebla y Tlaxcala, así como las industrias, se ubican en las laderas de los ríos.
“No son ciertos los actos reclamados consistentes en la supuesta contaminación por aguas residuales descargadas en el río Atoyac por parte del municipio”, declara Carlos Fernández Nieves, presidente municipal de Tepetitla de Lardizabal, el 25 de abril de 2017, en el contexto del juicio de amparo radicado en la Ciudad de México.
Entre los seis municipios de Puebla y Tlaxcala, cuyas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales fueron financiadas con alrededor de 940 millones de pesos entre 2013 y 2017, los tlaxcaltecas fueron los más afortunados, concentrando cerca de 840 millones para las plantas de Tepetitla de Lardizábal, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y Tlaxcala capital.
El dinero, de aportaciones federales y subsidios de la Conagua, se destinó a la construcción y rehabilitación de siete plantas. De éstas, cuatro operan (tres de forma deficiente) y una está fuera de operación, según reportan los Diagnósticos Técnicos del 25 febrero del 2018, incluidos en la recomendación de la CNDH. De las dos restantes no hay información sobre su ubicación.
La ubicada en la colonia San Hipólito Chimalpa, Tlaxcala, operaría adecuadamente, según aseguraron autoridades municipales y estatales. El monitoreo realizado por la CNDH apunta que “no está trabajando adecuadamente”. Las seis PTARs restantes ni siquiera son citadas por los organismos operadores municipales en el juicio de amparo que las acusa de omisión.
De los 840 millones de pesos ministrados por la federación y la Conagua en aportaciones y subsidios entre 2013 y 2017, a la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda de Tlaxcala, como ejecutora de la construcción y rehabilitación de las siete PTARs, la dependencia estatal reportó a la SHCP: pagos realizados por casi 580 millones de pesos. De las obras reportó avances físicos de entre 91% y 100%.
“El gran problema es que estas plantas tratadoras de los municipios son como la caja chica de los gobiernos locales, y así están en todo el país”, dice el abogado especializado en temas ambientales, Vadir Arvizu.
El arsénico, el cianuro, el plomo y el mercurio son compuestos que sobrepasan los límites máximos permisibles de contaminantes de aguas residuales descargadas en los mares y ríos, luego de ser analizados a su salida de la planta de tratamiento de la localidad Villa Alta, en Tepetitla de Lardizábal. Las coliformes fecales, coliformes totales, grasas y aceites, en cambio, cumplen los límites normados, según reporta el Diagnóstico Técnico del 25 febrero 2018, contenido en la recomendación de la CNDH.
“La planta en cuestión se encontró OPERANDO DEFICIENTEMENTE, a muy baja capacidad (…) carece de algún tipo de mantenimiento, y no se dispone de personal calificado para su atención”, recita el reporte de febrero del año pasado, sobre la PTAR municipal en Villa Alta, la misma que supera los límites máximos de grasas y aceites, pero consigue cumplirlos para el arsénico.
Al respecto, la directora del Centro Fray Julián Garcés A.C., Alejandra Méndez, afirma: “Las normas de descargas de contaminantes industriales no pueden ser más laxas”.
Habitantes, lentamente envenenados
Los efectos de la contaminación acumulada desde los años ochenta, en las aguas de la Cuenca del Río Atoyac, son devastadores. Sólo el año pasado, Regina Montero, del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental de la UNAM, publicó un estudio que revela que los menores de edad que habitan localidades en Tepatitla de Lardizábal, presentan el doble de los niveles de toxicidad que los de comunidades en las faldas del Volcán la Malinche. La consecuencia: padecimientos renales, cáncer y la reducción de su capacidad de desarrollo corporal.
“La multiplicación de casos de leucemia entre los jóvenes poblanos y tlaxcaltecas es aterrante”, dice Gabriela Pérez-Castresana, doctora del Centro de Investigación en Ciencias Ambientales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). “En las comunidades se ponen de acuerdo para ir juntos, en un barrio pueden vivir hasta diez muchachitos que van a hacerse su quimioterapia y aprovechan para compartir transporte”, añade.
Frente a la muertes y enfermedades ligadas a la toxicidad de las aguas del Alto Atoyac, el estado mexicano sigue priorizando el negocio de la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales municipales inubicables o fuera de operación.
*Esta investigación forma parte de “La corrupción en el sector agua”, un estudio de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, coordinado por José Luis Chicoma, Liliana Alvarado, Dalia Toledo, Rodrigo Bolaños, Cuauhtémoc Osorno y Silvia Márquez. Edición: Salvador Frausto. https://ethos.org.mx.
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