En Oaxaca, por incurrir en presuntos desvíos de recursos públicos, la presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Italivy Sarahí Juárez Ramírez, fue retenida por pobladores para que entregue y rinda cuentas del destino de 300 millones de pesos destinados a obras sociales.
Por la mañana, regidoras opositoras sellaron las puertas del Congreso del estado para exigir una auditoría a la presidenta municipal, a quien acusan de haber desviado fondos públicos destinados a obras y de utilizarlos para adquirir una camioneta de lujo y hasta un restaurante.
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Las concejales señalan que, en un año y tres meses, la autoridad no ha convocado a sesiones de Cabildo ni ha rendido cuentas de los 350 millones de pesos que recibió por parte de la Federación, por lo que exigieron la intervención de la Auditoría Superior de Fiscalización para que se practique una auditoría a su gestión. Precisaron que ya existe una denuncia por la presunta malversación de fondos en la Fiscalía Anticorrupción.
Refieren que cuando la edil ha sido citada ante los legisladores, hace valer sus influencias, evidenciando tener protección del diputado del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles Montoya.
Denuncian que la alcaldesa se ha quedado con los sellos de la Sindicatura y Tesorería para cobrar los pagos federales por participaciones y mantiene bajo su control las contraseñas de las cuentas bancarias.
Las regidoras en protesta pertenecen a Morena y al PT, y son responsables de las áreas de Obras, Hacienda, Panteones, Salud, Fomento Social y Servicios Primarios. Durante cuatro horas sellaron la sede del Congreso, donde el pleno citó a la presidenta para que aclarara el destino de los fondos y explicara la problemática social.
Sin embargo, al terminar su informe, fue interceptada por pobladores y concejales del municipio, quienes la subieron por la fuerza a una ambulancia y la trasladaron a la cabecera municipal, donde se prepara una asamblea comunitaria para determinar su posible destitución.
Historia negra de un pueblo
San Agustín Amatengo ha tenido una historia marcada por hechos de violencia y corrupción en los últimos 10 años. En 2011, un regidor fue detenido implicado en un triple homicidio. En 2004, el municipio fue conocido por el caso del llamado “alcalde zombie”, Leninguer Raymundo Carballido Morales, quien fingió su muerte para evadir la comprobación de recursos públicos. Por ese caso fue detenido un oficial mayor del Registro Civil que expidió el acta de defunción falsa.
