Con el propósito de resguardar la integridad de la comunidad estudiantil y mantener la tranquilidad de las familias, las corporaciones de los tres niveles de gobierno acordaron reforzar los esquemas de vigilancia e inspección en los planteles educativos de la Región Laguna de Durango.
Durante la reunión de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, en donde también asisten el Mando Especial Laguna, el 72.º Batallón de Infantería, la Guardia Nacional, así como las policías locales, se mantiene una atención prioritaria en las entradas y salidas de las escuelas de todos los niveles educativos.
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En la mesa se informó que en los últimos días se han atendido cinco reportes de supuestas amenazas al interior de instituciones educativas: dos en el municipio de Lerdo y tres en Gómez Palacio. Las alertas se registraron tanto en secundarias y preparatorias urbanas como rurales, e incluso en un jardín de niños donde se generó alarma preventiva.
Tras activar los protocolos correspondientes y realizar las inspecciones oportunas, las autoridades descartaron cualquier peligro real, concluyendo que en la mayoría de los casos se trató de bromas orquestadas por los propios alumnos para evitar la impartición de clases. Sin embargo, reconocen la gravedad de estos actos.
"Pedirles a los padres de familia que platiquen con sus hijos. Es una situación grave; los muchachos de secundaria y preparatoria quizá no entienden el alcance de una broma de este tipo en redes sociales o por escrito, y la psicosis se la llevan los padres. Emitir estas amenazas es un delito y no debe tomarse a juego", expresó Raúl Meraz, subsecretario general de Gobierno Región Laguna.
La policía cibernética ya investiga
Para frenar esta problemática, la Mesa de Seguridad acordó iniciar investigaciones de inteligencia a través de la Policía Cibernética para rastrear el origen de las publicaciones o notas de amenaza registradas en los planteles, entre ellos un caso detectado por escrito en el ejido El Vergel. Raúl Meraz señaló que se actuará conforme a la ley una vez que se identifique a los responsables.
Asimismo, reiteró que la intervención de la familia es fundamental, pues por cuestiones de derechos humanos y respeto a la privacidad, el gobierno no puede acceder a los dispositivos móviles de los menores, pero los padres de familia sí tienen la facultad y responsabilidad de hacerlo.
Finalmente, las autoridades destacaron que, en términos generales, la región mantiene índices bajos en delitos de alto impacto y robos patrimoniales, pero subrayan que la seguridad en el ámbito escolar continuará esforzándose diariamente para brindar certeza a docentes, alumnos y padres de familia.
