Operadores y activistas de la "Red Mexicana de Afectados por la Minería", buscan impedir la instalación de una planta de cianuro por parte de la empresa canadiense Chemours en la población rural de El Siete, municipio de Gómez Palacio y acusaron con documentos que la empresa dio información falsa a la Semarnat para obtener los permisos.
Esto, toda vez que en el Manifiesto de Impacto Ambiental se expresa que en un radio de 5 kilómetros a la redonda, no hay poblaciones en riesgo, cuando existen al menos unas 8 con 100 habitantes cada una.
En una conferencia de prensa, Gustavo Lozano Guerrero, vocero y representante de esta agrupación aclaró que el gobernador José Rosas Aispuro "pinta nada" en este asunto, al no ser autoridad que otorga o rechace permisos para la instalación de este tipo de empresas.
Pero advirtió que debió cuidar su integridad moral antes de venir a dar el espaldarazo con la colocación de la primera piedra.
Aseguran que son dañinos los efectos que se emitan del proceso en producción de cianuro.
JFR
