El gobernador Carlos Joaquín dijo que la orden de captura girada contra el ex gobernador Roberto Borge, "es uno de los peldaños para avanzar contra de la impunidad que prevalecía en el estado y resultados de su promesa como candidato al cargo.
Dijo que el caso de Borge "no es sencillo, se usaron prestanombres, tenía líneas diferentes para mover los recursos. Con esta búsqueda de transparencia hemos avanzado. Es un tema de justicia que permitirá reducir la brecha de desigualdad en Quintana Roo".
El mandatario, ex priista postulado por la alianza PRD-PAN, agregó "no es revancha ni venganza, sino acto de justicia con la que los quintanarroenses pueden estar seguros de que seguiremos trabajando para reducir el abismo social que caracterizaba la relación y ejercicio del poder".
"Esta orden es producto de ocho meses de mesas de trabajo, de investigación y uno de los primeros pasos que damos para recuperar la conciencia popular y responder a las exigencias advertidas el día de las elecciones", expuso.
A una pregunta sobre la ubicación del ex gobernador, repuso que la desconoce, pero que confía en que se haga efectiva en breve. En tanto mi gobierno seguirá proporcionando todo lo necesario para las investigaciones del resto de las demandas presentadas contra la administración anterior.
Dijo que se propone regresar al estado los recursos saqueados e insistió: no es revancha sino una acción para impartir justicia y recuperar algo de lo que se arrebató. Reconoció "la gran coordinación que tenemos con el gobierno federal y la Fiscalía estatal para lograr estas metas.
Apuntó que esto funcionará para callar las voces que acusaban que no se hacía nada en los procesos legales contra Roberto Borge y que ello permitirá más seguridad, confianza y credibilidad en las instituciones del estado.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó en 2015 que la administración Borge presenta los mayores daños al erario en infraestructura, por 116 millones 217 mil pesos y advirtió que no se aplicaron recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, con daño al erario por 71 millones 156 mil 400 pesos.
A ello se agregan daños por 34 millones 112 mil 600 pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, y diez millones 948 mil pesos del Fondo de Aportaciones para Fortalecimiento de Entidades Federativas, que no fueron acreditados.
En agosto del año pasado, la organización civil "Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo" presentó demanda de juicio político contra Borge Angulo.
La representante Fabiola Cortés señaló que el ex gobernador malbarató 44 predios públicos a empresarios, amigos y políticos cercanos, con un quebranto al erario de mil 99 millones de pesos.
Cortés Miranda precisó que la cifra podría ser mucho mayor "de acuerdo con datos obtenidos de la Unidad de Transparencia del Ejecutivo, hasta mediados de 2015, se desincorporaron del patrimonio estatal 308 predios, 102 en Cozumel; 69 en Othón P. Blanco --Chetumal, Majahual y Bacalar--; 99 en Solidaridad-Playa del Carmen y Tulum; y 38 en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres".
"En diciembre de 2016, el gobernador Joaquín González, informó que presentaría otras siete denuncias contra de la administración pasada por daños de más de dos mil millones de pesos.
El mandatario explicó que el monto de las denuncias asciende a dos mil 388 millones de pesos, por renta ilegal de maquinaria, irregularidades en el ejercicio de la función pública, usurpación de funciones y abuso de autoridad.
MMR
