El Poder Judicial del Estado de Puebla reveló la destitución de dos jueces por actos de corrupción y la suspensión del cargo de otros tres funcionarios por irregularidades en su desempeño. En total, ya son 12 los casos investigados durante 2026
El Consejo de la Judicatura rindió un informe tras la conclusión de cinco procedimientos, en los que se reservó la identidad de los infractores, aunque sí indicó las sanciones en su contra, todas de carácter administrativo.
Resaltó la destitución e inhabilitación por un año de Jesús G. quien fungía como juez municipal de Camocuautla, en la Sierra Norte, por irregularidades en la tramitación de un pasaporte de una persona menor de edad y su presunta vinculación a una red de tráfico de personas, por lo que la investigación ya incluye a la Fiscalía General de la República (FGR).
El Consejo también ordenó la destitución e inhabilitación por un año de Sandra Lucía P. I. quien servía como jueza de lo Civil y de lo Penal del distrito judicial de Tecamachalco, que incluye a ocho municipios, por incurrir en abuso de funciones.
De igual manera, se aplicó una suspensión temporal contra Olivia J. escribiente adscrita al Juzgado Tercero de lo Familiar del distrito judicial de Puebla, por pedir y recibir recursos económicos en su cuenta personal a fin de agilizar un trámite, lo cual es símbolo de corrupción.
También se impuso una suspensión temporal por seis meses a José Oscar C. secretario de acuerdos encargado del despacho en Huejotzingo por realizar una diligencia de perdón judicial de la víctima, sin verificar la identidad de la misma.
Asimismo, se aplicó una suspensión de 90 días a Mario Alberto P. secretario de acuerdos del distrito judicial de Zacapoaxtla por emitir una sentencia cuando no contaba con facultades para ello.
Las sanciones anteriores se sumaron a las siete remociones que en enero de 2026 aplicó el Poder Judicial en Puebla, según indicó Pedro Antonio Martínez, presidente del Consejo de la Judicatura al Congreso local.
En esa ocasión, señaló que habría una revisión exhaustiva para determinar si los funcionarios judiciales, desde magistrados y jueces, forman parte de redes que promueven la corrupción, como el llamado Cartel del Despojo, ya que había múltiples quejas relacionadas con su actuar, así como inconformidades de las partes involucradas en distintos procesos judiciales.
Las investigaciones contra los integrantes del Poder Judicial aumentaron a petición del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien urgió a los entes autónomos a encabezar “una limpia” contra funcionarios corruptos, ya que su administración tenía múltiples quejas ciudadanas por el trabajo que estaban desempeñando.
El mandatario pidió que actúen con apego a derecho y con respeto a la ley, de cara a la elección judicial local que se llevará a cabo en Puebla en 2027.
