Tamaulipas registra 11 mil 327 personas desaparecidas de entre 15 y 49 años de edad, cifra que, al aplicar el promedio de fecundidad del Inegi, permitiría estimar que podrían tener alrededor de 18 mil 123 hijos. Muchos serían menores de edad, pero se desconoce cuántos son y cuáles son sus necesidades, por lo que permanecen en una situación de vulnerabilidad sin una ruta institucional que garantice su atención y protección, especialmente las niñas, por ser más propensas a revictimización.
Censo para identificar a hijos de padres desaparecidos en Tamaulipas
Ante este panorama, la asociación Tejiendo Redes Infancia plantea la necesidad de un censo que permita identificar a niñas, niños y adolescentes afectados por la desaparición de alguno de sus progenitores, conocer sus condiciones de vida y facilitarles el acceso a servicios y apoyos, sobre todo a menores del género femenino.
Juan Martín Pérez García, coordinador del organismo no gubernamental, destacó la importancia de visibilizar esta realidad poco documentada en el país, particularmente después de la conmemoración del Día de la Niña, el pasado domingo.
Inegi estima que 18 mil 123 menores permanecen en vulnerabilidad
La estimación se obtuvo al multiplicar el número de personas desaparecidas de ese grupo de edad por el promedio de 1.60 hijos por persona reportado por el Inegi en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2023. Se trata de un cálculo aproximado, no de un registro oficial de hijas e hijos de personas desaparecidas.
Pérez García advirtió que las niñas pueden enfrentar riesgos adicionales debido a las desigualdades de género y al machismo, además de las consecuencias emocionales y familiares que implica la ausencia de uno de sus padres.
“Las niñas tienen además un impacto diferenciado por el machismo; es necesario tener un censo para darles un respaldo y acompañamiento y evitar que sean revictimizadas”, señaló.
En su informe temático “Hijas e hijos de personas desaparecidas en México”, Tejiendo Redes Infancia advierte que la falta de información sobre esta población dificulta que las autoridades dimensionen el problema y la incorporen en la planeación de políticas públicas, presupuestos y programas de atención.
“La desaparición de un integrante de la familia puede modificar de manera inmediata su organización: cambia quién asume el cuidado de los hijos, quién aporta los ingresos, quién realiza los trámites escolares y médicos, e incluso el lugar donde viven y los riesgos a los que están expuestos”.
Para niñas y adolescentes, estas circunstancias pueden derivar en interrupciones escolares, mayores responsabilidades domésticas, afectaciones emocionales y condiciones de seguridad más precarias. No obstante, el documento subraya que cada familia enfrenta circunstancias distintas, por lo que la atención debe responder a sus necesidades particulares.
Identificación segura para apoyo y servicios
Por ello, la propuesta va más allá de elaborar una lista de menores de edad. Plantea establecer un mecanismo de identificación protegida que permita conocer el vínculo con la persona desaparecida, la edad, quién está a cargo de su cuidado y qué apoyos requiere en materia de educación, salud, protección social y acompañamiento psicosocial.
El informe también propone distribuir responsabilidades entre las instituciones. Las comisiones de búsqueda y las fiscalías podrían facilitar la identificación inicial; las comisiones de víctimas, coordinar la atención y los apoyos, y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, evaluar los riesgos y promover la restitución de derechos. Los sectores educativo y de salud, por su parte, tendrían que garantizar la continuidad de sus servicios.
La creación de este mecanismo, advierte el organismo, debe acompañarse de medidas estrictas para proteger la identidad y los datos personales de niñas, niños y adolescentes, con accesos restringidos y sistemas de seguridad que eviten exponerlos a nuevos riesgos o revictimizarlos.
Aunque la legislación mexicana reconoce derechos a las víctimas indirectas de la desaparición, el informe identifica una brecha entre ese reconocimiento y la atención efectiva. En numerosos casos, las familias deben acudir a distintas dependencias, repetir trámites y acreditar varias veces su situación para conseguir servicios y apoyos.
La demanda de un censo busca cerrar esa brecha: que la desaparición de una madre o un padre no condene también a sus hijos a la invisibilidad institucional. Para ello, las autoridades tendrían que identificar sus necesidades, establecer responsabilidades y dar seguimiento a las medidas de protección y asistencia que reciben.
AA
