En dos fincamientos de responsabilidad administrativa, derivó la falta de definición del proyecto Monterrey VI, según se desprende del análisis de la Cuenta Pública 2014 del Estado de Nuevo León.
La Auditoría Superior de la Federación consideró que el retraso en la entrada en vigor del proyecto de Asociación Público-Privada para la construcción del acueducto y su posterior falta de publicación deriva en una sanción.
Ya en esta administración, el 4 de diciembre de 2015, la ASF recibió un memorándum por parte de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, de la Comisión Nacional del Agua.
Se establecía que la programación de las acciones contempladas en dicho convenio no han iniciado.
El contrato de Asociación Público-Privada (APP) no ha entrado en vigor "por cuestiones políticas, ya que el gobernador de Nuevo León se ha pronunciado públicamente en no llevar a cabo el proyecto".
Se señaló el hecho de que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, IPD (SADM-Gobierno del Estado de Nuevo León) no cuenta con la evaluación y seguimiento del impacto de los proyectos de APP en las finanzas públicas durante el ciclo de vida que proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni cumplió con el requisito de hacer pública la información.
La ASF hizo una petición a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León, "para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo.
Ante la falta de actividad en el proyecto, también se dejaron de realizar procedimientos como la cancelación de recursos federales, específicamente del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), por un monto de 2 mil 966 millones.
