La madrugada del 19 de febrero de 2006 no terminó cuando se cerraron los accesos de la mina. Tampoco acabó cuando se suspendió el rescate en 2007, ni cuando pasaron los sexenios, ni cuando el polvo cubrió las cruces al costado de la carretera.
Pasta de Conchos sigue ocurriendo. Ocurre cada vez que un minero muere bajo tierra, cada vez que una viuda espera respuestas, cada vez que un cuerpo no regresa a casa.
Han pasado 20 años desde el siniestro que sepultó a 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, municipio de San Juan de Sabinas.
Dos décadas después, el saldo no es solo un rescate inconcluso ni una justicia diferida: son al menos otros 145 mineros más muertos en la Región Carbonífera, víctimas de derrumbes, explosiones y minas inseguras que nunca dejaron de operar.
La tragedia de Pasta de Conchos no se cerró. Se expandió.
“No fue un accidente, fue un crimen industrial”
Yolanda Ramos Espinoza todavía recuerda el frío de aquella noche. El 18 de febrero insistió a su hijo que no fuera a trabajar. “Échate la F”, le dijo. Mario Alberto Ruiz Ramos respondió como tantos mineros responden cuando la necesidad pesa más que el miedo: “Hay que trabajar, acuérdate (de) que acaba de nacer mi hijo”.
Mario llevaba dos años como palero en Pasta de Conchos. Desde hacía meses advertía del gas, del peligro, de reportes ignorados. “Me quiero salir de ahí porque hay mucho riesgo”, le dijo a su madre. No había muchas opciones en la Región Carbonífera. Pensó incluso en irse a un pocito de carbón.
No llegó al día siguiente.
Durante las semanas posteriores al siniestro, Yolanda escuchaba informes oficiales que hablaban de avances. En casa los contrastaba con su esposo, minero de toda la vida. “Se están haciendo tontos, no han avanzado nada”, le decía él.
En 2007 el rescate fue suspendido. Las familias no aceptaron el silencio como respuesta. Viajaron, protestaron, tocaron puertas. Pasaron casi tres lustros sin respuesta real.
“No fue un accidente, fue un crimen industrial”, repite Yolanda. Mario Alberto fue el sexto minero recuperado. El 3 de marzo de 2025 recibió la llamada; una semana después, en Ciudad de México, le entregaron los restos de su hijo.
Veinte años después, Yolanda no habla de resignación. Habla de verdad, de justicia y de algo que nunca llegó: garantías de no repetición.
“Era necesario el rescate para que la historia cambiara”
Elvira Martínez Espinosa tampoco imaginó que aquella cena sería la última. Jorge Vladímir Muñoz Delgado “se echó la falla” para acompañarla a una convivencia de la Iglesia. Era viernes. El domingo, la mina explotó.
Vladímir había sido minero desde 1992. Trabajó en MIMOSA, operada entonces por Altos Hornos de México. Tras un recorte de personal, exigió su liquidación. El castigo fue el veto. Años después, Industrial Minera México, de Grupo México, los volvió a contratar para Pasta de Conchos.
La familia se enteró del siniestro por las noticias. Nadie de la empresa avisó.
“El gobierno y la empresa querían manejar esto solo con las viudas”, recuerda Elvira. Pero los mineros tenían madres, padres, hermanos. De esa inconformidad nació Familia Pasta de Conchos.
Con el acompañamiento del obispo Raúl Vera López y de la activista Cristina Auerbach, comenzaron a documentar, denunciar y exigir. El rescate era posible; lo que no había era voluntad política.
“Aquí lo importante fue la voluntad. Así como decidió (el ex presidente) Andrés Manuel (López Obrador) entrarle, cualquiera pudo hacerlo antes”, dice Elvira.
“Nosotros teníamos la razón”
María Trinidad Cantú Cortés lo supo desde el primer día. Su hijo, Raúl Quiñones Cantú, estaba atrapado, pero no perdido. Ella permaneció afuera de la mina durante meses. Sabía —por su esposo y por otros mineros— que el rescate era viable.
“Si el rescate llegaba, iba a llegar la verdad”.
Cuatro años después viajó a Washington para denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pasaron los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón sin respuestas. En 2012 encaró a un candidato en Torreón: Andrés Manuel López Obrador. Él prometió.
No ganó entonces. La exigencia continuó. En 2018, la CIDH confirmó lo que las familias habían dicho durante años: irregularidades, ausencia de responsables, necesidad del rescate.
El rescate comenzó en septiembre de 2021. Trinidad aún espera a su hijo. Su esposo murió sin verlo volver.
“Para mí sigue pareciendo que fue ayer”, dice. Y no habla solo de 2006: habla del presente.
Después de Pasta de Conchos, la muerte siguió bajando a la mina
Desde aquel febrero de 2006, 145 trabajadores del carbón han muerto en la Región Carbonífera de Coahuila, en municipios como Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz. No es una cifra oficial. Es una cifra construida por las familias.
Familia Pasta de Conchos documentó los decesos con registros civiles y reportes hemerográficos. El contraste es brutal: el registro estatal reconoce solo 83 muertes, contabilizando eventos grupales y no vidas individuales.
“Las muertes siguen y tuvimos las de Micarán y El Pinabete. A 20 años no ha cambiado nada”, afirma Elvira Martínez.
Las inspecciones existen en el papel. La realidad es otra. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reconoce que solo hay 11 inspectores para la zona. En el sexenio de López Obrador se realizaron 914 inspecciones, 53 suspensiones y 104 sanciones por casi 68 millones de pesos. Hubo 15 denuncias ante la Fiscalía General de la República, pero no por muertes, sino por violar suspensiones.
“Tristemente, no se valora la vida del minero”, dice Elvira. Nadie ha sido castigado.
Cruces que crecen al costado del camino
Omar Navarro Ballesteros recorre archivos, periódicos y registros civiles. Así han reconstruido la lista de muertos. No es memoria simbólica: es contabilidad del abandono.
Los siniestros se repiten en pozos de tiro vertical, los más peligrosos, muchos de ellos proveedores de la Comisión Federal de Electricidad.
En la carretera hacia Pasta de Conchos hay más de cien cruces blancas. Están hechas con pilotes —monos, les llaman los mineros—, las mismas piezas que sostienen los techos bajo tierra. Cada Semana Santa, las familias hacen un viacrucis minero. No es ritual: es denuncia.
Un plan de reparación que no cierra la herida
El Plan Integral de Reparación y Justicia anunciado por Andrés Manuel López Obrador incluyó el rescate, un memorial de 22 millones de pesos y obras urbanas. Hoy se han entregado 23 cuerpos; dos están en identificación; 38 siguen atrapados.
El rescate lo coordina la CFE mediante empresas subcontratadas. La mano de obra es local. El riesgo es enorme.
“Es una mina siniestrada y abandonada a casi 20 años”, advierte Elvira.
No hay hospital de especialidades. No hay neumólogos. Sí hay polideportivos.
El 14 de junio de 2024, durante una visita a Nueva Rosita, Trinidad Cantú pidió a la presidenta electa Claudia Sheinbaum algo elemental: atención médica para los mineros enfermos del pulmón.
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La mina cerró. La tragedia no
Pasta de Conchos no es solo un lugar. Es un sistema que sigue funcionando. Mientras no haya justicia, mientras las muertes continúen y las garantías de no repetición sean un discurso, la tragedia minera seguirá activa.
Veinte años después, las familias siguen esperando. No solo a sus muertos. Esperan que dejar de morir no sea un privilegio, sino un derecho.
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