El Fiscal General de Justicia de Oaxaca (FGJO), Bernardo Rodríguez Alamilla, afirmó que el expresidente municipal de San Martín Itunyoso, Vilgaid López Guadalupe, su esposa Concepción Díaz Martínez y su hijo Dagoberto López Díaz, tienen orden de aprehensión por desaparición forzada en agravio de la egresada de la Carrera de Agronomía del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO) Roxana Chávez.
Detalló que, una vez que ocultaron las evidencias y rastros de la víctima, ellos abandonaron el pueblo, primero la madre y su hijo rumbo a la frontera con EUA, donde cruzaron ilegalmente a los Estados Unidos de Norteamérica, buscando el refugio con unos familiares migrantes en Chicago y San Francisco.
De acuerdo con la indagatoria del fiscal general Bernardo Rodríguez, la estudiante egresada de la ingeniería del Instituto Tecnológico de Oaxaca desapareció cuando acudió al llamado de su pareja, Dagoberto López Díaz, quien el día que iba a realizar un operativo de búsqueda a la población de Itunyoso, se dio a la fuga.
A través de las investigaciones ministeriales y el análisis de contexto, la Fiscalía logró establecer el vínculo directo de estas dos personas con el primer imputado y su grado de participación en los hechos ocurridos a partir del 20 de febrero de 2026, fecha en que la víctima fue vista por última vez en la región de la Mixteca.
De manera paralela a la persecución de los probables responsables, la Institución mantiene un despliegue operativo ininterrumpido enfocado en la búsqueda en vida y forense de Roxana.
En estos trabajos participan elementos de corporaciones estatales y federales, apoyados por tecnología especializada como drones con cámara geotérmica, georadares, binomios caninos, así como equipos de buzos y rescate en zonas de difícil acceso.
El Fiscal precisó que todas estas diligencias integrales se desarrollan bajo un enfoque diferenciado y con perspectiva de género, lo que ha permitido fortalecer las líneas de investigación que hoy sustentan las órdenes de aprehensión y la búsqueda estratégica de los tres probables implicados.
El fiscal aclaró que el delito de desaparición forzada es uno de los delitos más graves; tiene una penalidad de 70 años, no tienen derecho los imputados a la libertad caucional, no prescribe por ser considerado un delito de lesa humanidad por el Comité de Desaparecidos de la ONU.
