Tras semanas de intensas manifestaciones y presión ciudadana, el pueblo de Loreto logró un acuerdo histórico con el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, quien se comprometió a solicitar formalmente a la presidenta de México la abrogación total del polémico decreto de Puerto de Altura que afectaba a la región, al ecosistema y a las ballenas.
Uno de los cuestionamientos que más llamó la atención fue que:
“En el Plan Maestro de Desarrollo Portuario 2023-2028, en la página 109, hay una sección donde explícitamente dice que en el año 2023-2024 de ese periodo, ustedes, siendo API, y usted como director de su consejo: ‘Se concesionará parcialmente una marina en el pueblo de Loreto’. Lo que necesitamos saber nosotros para entender que no hay algo oculto es por qué los loretanos no sabemos sobre una marina que ha sido parcialmente concesionada por API según el decreto, porque así lo dijo Narciso Agúndez Gómez en la última reunión, y esto parece ser el finiquito; porque claro está que hay una correlación entre ese contrato y este decreto”.
Derivado de las reincidentes demandas ciudadanas de diferentes sectores de la sociedad, el mandatario estatal signó el acuerdo mediante una carta compromiso que incluye la prohibición definitiva del arribo de más cruceros a Loreto.
Te recomendamos
Puntos clave del acuerdo
- Rechazo total: La ciudadanía negó cualquier modificación al decreto; la única vía aceptada es la abrogación total.
- Freno a cruceros: El documento firmado estipula que no llegarán más embarcaciones de este tipo al destino.
- Orden presidencial: El gobernador estatal confirmó que asistió por instrucciones directas de la presidenta de México para evaluar la autenticidad del movimiento.
- Origen revelado: Representantes de la Secretaría de Marina (SEMAR) reconocieron que el decreto fue solicitado originalmente por la Administración Portuaria Integral (API).
Te recomendamos
Voces y seguimiento
La mesa de diálogo contó con la presencia de la presidenta municipal de Loreto, el Comisionado de Áreas Naturales Protegidas, el biólogo Bermúdez Almada, así como delegados de SEMAR, SEMARNAT, PROFEPA y API. Las cooperativas pesqueras y prestadores de servicios náuticos reiteraron que la prioridad absoluta es la defensa del Parque Nacional Bahía de Loreto.
El gobernador Castro Cosío se comprometió a regresar a Loreto en un plazo de dos semanas para dar seguimiento puntual a las demandas enviadas al Ejecutivo Federal.
Los colectivos ciudadanos celebraron el acuerdo como una victoria comunitaria, pero advirtieron que mantendrán la guardia hasta que la cancelación del decreto se publique de manera oficial.
