El Acuífero Principal de La Laguna enfrenta este 2026 uno de sus años más decisivos para sentar las bases de su recuperación.
Durante este año, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) deberá dar seguimiento a tres acuerdos clave por la sentencia al Amparo de Revisión 543: el seguimiento a la revisión de cerca de 500 pozos de uso agrícola de mayor consumo en la región; comenzar la instalación tanto de una red de medidores telemétricos como de medición piezométrica, y contribuir con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la elaboración de un Modelo de Gestión.
Te recomendamos...
Revisiones de pozos
Gerardo Jiménez, integrante de Prodefensa del Nazas —una de las tres organizaciones promoventes del amparo—, refirió que, a lo largo de casi tres años, la aplicación de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido lenta, pero firme en cuanto a las acciones.
“El diálogo con Conagua ha sido un poco complicado, sobre todo en lo que refiere a que la administración central avale lo que se está de alguna manera conviniendo con el Organismo de Cuenca. Afortunadamente ha habido respuestas favorables; nosotros pensamos que este año es decisivo y muy importante porque se deberían concretar gran parte de los términos acordados”.
Según los acuerdos convenidos entre Conagua y los promoventes del amparo, durante el 2025 los avances principales fueron la inspección de mil 400 pozos de agua en zonas de mayor abatimiento del acuífero, además de acordar la colocación de la red piezométrica para medir el agua del subsuelo y la firma del convenio de colaboración con el Instituto de Geociencias de la UNAM.
“La firma del convenio con la UNAM fue difícil por los trámites con Hacienda, pero ya en este año va a comenzar a integrar toda la información existente del agua del subsuelo para desarrollar el Modelo de Gestión con soporte científico-técnico”, dijo Jiménez.
El activista destacó que la “segunda vuelta” para revisar pozos de mayor extracción servirá para aplicar sanciones y conocer si realmente los concesionarios extraen lo que tienen autorizado.
“En la primera inspección verificaron si había medidores en los pozos, ya se tomaron los registros y se va a determinar en un año el volumen que extrajeron para proceder, para quienes incurrieron en irregularidades, a sancionarlos”.
Al respecto, el director del Organismo Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, Juan Gabriel Riestra Beltrán, destacó que el acuerdo para este año implica dar seguimiento a los pozos de mayor consumo de agua del subsuelo.
“Tenemos mucho avance en la sentencia; el primero es que se realizaron las inspecciones y cierres. Este año no vamos a revisar los mil 430, pues tenemos un acuerdo con los quejosos de darle seguimiento a los mayores usos, que no llegan a 500”.
Puntualizó que en 2025 las revisiones de pozos de agua, tanto industrial como agrícola, ocurrieron en dos fases: una entre enero y marzo y otra entre octubre y noviembre.
“Ya se pagó a la UNAM por el convenio, comenzó a trabajar con sus labores y hemos trabajado de manera consolidada. Tenemos acordado que antes del 31 de enero debemos tener las fichas de integración y manejo para que Hacienda nos otorgue recursos para las acciones”.
Riestra aseguró que la sentencia ha vuelto al acuífero lagunero como el “más inspeccionado” a nivel nacional y donde la comunidad ambientalista está involucrada en las labores.
Alcances de la sentencia
El primero de marzo de 2023 fue cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la resolución del Amparo en Revisión 543/2022 que promovieron las organizaciones Prodefensa del Nazas, Encuentro Ciudadano Lagunero y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero.
En ese sentido, la Suprema Corte analizó la omisión de las autoridades responsables de cumplir con sus obligaciones en materia de sobreexplotación de recursos hídricos, que ocasionó la vulneración del derecho al agua y a un medio ambiente sano. Dada esta situación fue que se determinó la creación de un programa conjunto para la preservación, el suministro y el saneamiento del acuífero afectado.
Luis Pedroza, asesor jurídico de las organizaciones promoventes del amparo, resaltó que, derivado de la sentencia, hubo una suspensión de las prórrogas de concesión que a la fecha sigue vigente y ha generado mucha controversia.
“El juez ordenó que se tienen que tomar medidas inmediatas para evitar que se agrave o continúe el problema de la sobreexplotación (...) por lo pronto se pidió no prorrogar las concesiones que están por vencer porque no se sabe cuál es el volumen óptimo del acuífero”.
En segundo término, dijo, la autoridad judicial dio entrada a la medición del agua que se extrae de cada pozo concesionado.
“Se logró que el juez ordenara a la Conagua un programa de visita de inspección en todos los pozos del acuífero para conocer cuáles tienen medidor y cuáles no. Tenemos el resultado de que actualmente somos el acuífero más inspeccionado de México, siendo que a nivel nacional la meta anual es de 40 pozos”.
El asesor legal mencionó que en 2024 fue posible una mesa de diálogo con las autoridades federales para avanzar en la aplicación de la sentencia, destacando como acuerdo un convenio entre la Conagua y la UNAM para que una entidad académica fuera quien realizara un Modelo de Gestión del Acuífero que tenga como finalidad dar recomendaciones para cumplir con el procedimiento legal.
“Es un modelo de gestión que va a tardar hasta cinco años en concretarse, pero cada año nos van a entregar información, recomendaciones y acciones”.
En el caso de la inversión en el convenio para la investigación que realiza la UNAM, fueron invertidos en una primera etapa más de 4 millones de pesos.
Pedroza refirió que esta sentencia también prevé la instalación, en una primera etapa, de 200 medidores telemétricos en pozos de uso agrícola.
“También surgió la idea de actualizar la red piezométrica, que consta de la medición dentro de los pozos inactivos para medir la variación del nivel freático, es decir, cuánto desciende y saber dónde se genera un abatimiento de manera extraordinaria”.
El abogado expuso que otro compromiso en la mesa de trabajo con la autoridad federal fue iniciar los trabajos para modificar una norma para elevarla al rango de Norma Oficial Mexicana, esto en relación con los medidores telemétricos.
“Los medidores telemétricos actualmente existen en una Norma Mexicana que establece su uso para los usuarios de uso industrial, pero estamos gestionando que se transforme en una Norma Oficial Mexicana que lo haga obligatoria para los usuarios agrícolas”.
Te recomendamos...
Pedroza reiteró que este año será clave para concretar el cumplimiento de la sentencia 543 de la Suprema Corte y que la comunidad lagunera debe estar enterada de los alcances.
Cabe precisar que en La Laguna —región conformada por municipios de Coahuila y Durango— el Acuífero Principal, según estimaciones realizadas por Conagua para el proyecto Agua Saludable para La Laguna, existe un déficit de -111 millones 446 mil 92 metros cúbicos de agua anual.
e&d
