La Contraloría Municipal mantiene abiertas investigaciones formales en torno a dos denuncias por acoso laboral registradas en distintas áreas de la administración pública local.
Así lo confirmó el contralor José Ramón Aldava Lares, quien puntualizó que los expedientes se encuentran actualmente en la fase de investigación y desahogo de pruebas para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes.
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El funcionario explicó que estas indagatorias se enmarcan en un esfuerzo institucional por erradicar cualquier práctica desapegada de los valores del servicio público. En ese sentido, destacó que el Ayuntamiento ha reforzado de manera integral su marco de actuación interno mediante la aprobación en Cabildo de una serie de instrumentos normativos clave, como es el Código de Ética, el Código de Conducta y los Lineamientos para el Comité de Ética.
En relación al primero, este representa un instrumento normativo orientado a fijar los principios rectores y valores esenciales que deben guiar el comportamiento diario de todos los servidores públicos.
Mientras que el Código de Conducta se refiere a una regulación específica que establece las conductas concretas, permitidas e indebidas, para el desempeño armónico y profesional dentro de las oficinas municipales.
También cabe destacar que los Lineamientos para el Comité de Ética son disposiciones operativas que norman la integración y funcionamiento del órgano encargado de dar seguimiento a la cultura de integridad y a las quejas por faltas éticas.
De acuerdo con el contralor, la reciente aprobación de este paquete normativo permitirá contar con herramientas operativas de mayor solidez. Esto no solo busca promover un desempeño ejemplar entre el personal, sino también otorgar los sustentos jurídicos adecuados para sancionar con efectividad a quienes incurran en conductas impropias o constitutivas de acoso.
Durante su intervención, Aldava Lares hizo un enfático llamado al personal de todas las dependencias y a la ciudadanía en general para no callar ante irregularidades. Señaló que la erradicación del acoso laboral y de los actos de corrupción requiere del compromiso activo de toda la estructura municipal.
El funcionario subrayó que los servidores públicos tienen la obligación legal y moral de reportar cualquier anomalía o irregularidad de la que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Evitar la omisión y el encubrimiento es, según el contralor, un paso decisivo para transformar el ambiente laboral y garantizar una atención digna e íntegra hacia la población.
En lo referente a las posibles consecuencias administrativas para los involucrados en las investigaciones en curso, el contralor aclaró que, conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el órgano de control interno es la instancia competente para substanciar y emitir la resolución final, incluidas las sanciones respectivas, en los casos catalogados como faltas administrativas no graves.
Destacó que las medidas disciplinarias que determine la dependencia no solo buscan castigar el hecho en particular, sino sentar precedentes inhibitorios para evitar la reincidencia de este tipo de conductas desatinadas en el aparato municipal.
A la fecha no se ha emitido ninguna resolución ejecutoria ni sanción definitiva en los dos expedientes radicados. Los expedientes continúan su trámite bajo el debido proceso y respetando las garantías procesales de las partes involucradas.
Finalmente, Aldava Lares se comprometió a transparentar el resultado de las indagatorias una vez que las etapas procesales concluyan y se dicten las resoluciones pertinentes de manera oficial.
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