La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) destinará más de 61 millones de pesos para elaborar cinco estudios correspondientes y del plan maestro para la reubicación y construcción del patio ferroviario en Monterrey, Nuevo León, a través de la IP bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP).
De acuerdo con información de la dependencia, el costo de los estudios que se realizarán entre el pasado 1 de febrero y el próximo 31 de agosto ascenderá a 61 millones 446 mil 365 pesos.
De esta cifra, 50 por ciento provendrán de recursos fiscales de la Federación; 25 por ciento, equivalente a más de 15 millones, serán recursos estatales, y el otro 25 por ciento, tendrán como fuente dinero privado.
El plan incluye la venta de los terrenos actuales y una estructura financiera “que permita a inversionistas privados, con el apoyo del gobierno federal y estatal, gastar en la construcción, operación y mantenimiento del nuevo patio”, dice el documento de la SCT en poder de MILENIO.
Se trata de un proyecto para solucionar la problemática que actualmente se genera en las inmediaciones de la terminal ferroviaria, ubicada en la colonia Hidalgo, de Monterrey.
UN VIEJO PENDIENTE
La decisión de en dónde reubicar y construir el nuevo patio de maniobras será resultado de los estudios, pues se tienen considerados tres posibles sitios: al norte, al norponiente y al oriente de la Zona Metropolitana.
El actual patio de maniobras de los ferrocarriles que llegan a Monterrey data de la década de 1950 y se ubicaba en los límites de la zona urbanizada; sin embargo, con el paso de los años, quedó inmersa en la ciudad, lo cual afecta la movilidad en la zona, pues hay hasta 20 cruceros de las vías con vialidades urbanas, donde se registran congestionamientos debido a la longitud de los trenes.
Los cinco estudios a realizar son el de factibilidad técnica, el cual proporcionará información técnica sobre los activos actuales; el de factibilidad ambiental, mediante el cual se obtendrá información normativa de regulación a nivel municipal, estatal y federal.
Además, el de factibilidad legal, con el que se busca conocer las recomendaciones, criterios y procesos jurídico-administrativos que se deberán seguir.
El estudio de factibilidad económica busca realizar un inventario de inmuebles colindantes, auscultación de potenciales inversionistas, análisis de usos de tierra, así como necesidades de infraestructura urbana, entre otros.
Y finalmente el estudio de factibilidad financiera, que proporcionará la información sobre cómo será la mejor manera para solventar el proyecto.
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