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Iñaki Blanco acusa contradicciones en la nueva recomendación de la CNDH sobre Ayotzinapa

El exprocurador de Justicia de Guerrero afirmó que el organismo "se muerde la cola" con un documento fraudulento y viciado que carece de sustento pericial y desorienta el esclarecimiento del caso.

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El exprocurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, aseguró que la nueva recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa presenta contradicciones, carece de sustento técnico y jurídico y, lejos de aportar al esclarecimiento de los hechos, desacredita investigaciones previas.

En entrevista con Alejandro Domínguez, para MILENIO Televisión, el exfuncionario afirmó que el organismo "ha terminado por morderse la cola", al sostener ahora posturas que, dijo, contradicen los señalamientos realizados por la propia Comisión en años anteriores.

"Es un documento fraudulento", afirma Iñaki Blanco.

Blanco reiteró que la recomendación carece de rigor metodológico y jurídico, además de que no representa una respuesta para los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

Sostuvo que los propios familiares de las víctimas han manifestado su rechazo al documento y reiteró que, a su juicio, se trata de un pronunciamiento "fraudulento, viciado de origen y afectado de nulidad".

El exprocurador insistió en que la recomendación no reivindica a las víctimas ni contribuye a la construcción de la verdad sobre el caso.

Acusa contradicciones de la CNDH sobre el papel del Ejército

Uno de los principales cuestionamientos de Blanco se centra en la postura de la CNDH respecto a la posible participación de elementos del Ejército.

Recordó que alrededor de 2022 la propia Comisión, al revisar la recomendación emitida en 2018, dejó entrever que en las primeras diligencias se habría manipulado evidencia balística para ocultar una presunta participación militar.

Sin embargo, señaló que la nueva recomendación sostiene una posición distinta al descartar esa responsabilidad.

"Hoy la Comisión sostiene exactamente lo contrario de lo que insinuó hace algunos años", afirmó.

Asimismo, aseguró que durante el periodo en que la investigación estuvo a cargo de la entonces Procuraduría de Guerrero no existía evidencia suficiente, sólida o técnicamente válida para involucrar a integrantes de las Fuerzas Armadas.

Cuestiona el uso de informes del GIEI y de la Covaj

Blanco también criticó que la CNDH utilice como sustento informes elaborados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).

Según explicó, esos documentos fueron concebidos como análisis y propuestas derivadas de investigaciones previas, pero no constituyen pruebas ministeriales directas.

Afirmó que la actual administración de la Comisión aparentemente no consultó la totalidad de las evidencias integradas en las carpetas de investigación correspondientes al periodo en que la Procuraduría de Guerrero tuvo bajo su responsabilidad el caso.

En ese sentido, sostuvo que dentro de esos expedientes existen informes específicos que documentan las actuaciones realizadas por la institución durante las primeras etapas de la investigación.

Niega que existiera el mando único en Guerrero

Otro de los puntos que rechazó el exprocurador fue la afirmación de la CNDH de que, cuando ocurrieron los hechos de Iguala en septiembre de 2014, ya operaba el llamado mando único en Guerrero.

Blanco aseguró que, aunque existió una propuesta para implementar ese esquema de coordinación policial, nunca se concretó formalmente.

Explicó que no hubo un proceso oficial de transferencia de recursos humanos, materiales y financieros de las corporaciones municipales al gobierno estatal, por lo que cada ayuntamiento continuó administrando sus propios cuerpos de seguridad y los recursos destinados a esa materia.

Como ejemplo, señaló que el municipio de Iguala seguía manejando de manera autónoma los recursos federales destinados a seguridad pública al momento de la desaparición de los 43 estudiantes.

Finalmente, reiteró que la nueva recomendación contiene afirmaciones que, desde su perspectiva, no encuentran sustento en las pruebas ministeriales y generan contradicciones con posicionamientos previos de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Puedes ver la pieza completa aquí: 

Con información de Alejandro Domínguez.

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