Organizaciones de derechos humanos e instituciones académicas emitieron un pronunciamiento para alertar sobre el riesgo de desplazamiento interno en comunidades de la sierra de Coyuca de Catalán, en Guerrero, ante el incremento de la violencia y la falta de una respuesta oportuna por parte de las autoridades.
El documento, firmado por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el Centro Minerva Bello, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Observatorio para la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo, señala que en los últimos días autoridades comunitarias han denunciado enfrentamientos armados, cortes de caminos y bloqueos de accesos en distintas localidades de la región.
Desplazamiento forzado en Guerrero deriva de disputas entre grupos armados
Las organizaciones advirtieron que numerosas familias permanecen en sus comunidades bajo el riesgo de nuevos enfrentamientos, mientras autoridades locales reportan la ausencia de acciones institucionales para garantizar su seguridad.
El pronunciamiento subraya que estos hechos representan señales de alerta temprana de un posible desplazamiento forzado, fenómeno que en México suele estar precedido por amenazas, enfrentamientos, restricciones a la movilidad y bloqueos que deterioran paulatinamente las condiciones de vida de la población.
Asimismo, indica que la situación no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica de violencia persistente en Guerrero derivada de disputas entre grupos armados.
También expresa preocupación por el uso de drones, mecanismos de vigilancia y acciones dirigidas a restringir la movilidad y el acceso a las comunidades.
Fenómeno afecta salud, educación y actividades productivas
Las organizaciones alertaron que esta situación ya afecta derechos fundamentales de los habitantes, pues los bloqueos y la inseguridad han limitado las actividades productivas, el acceso a servicios de salud, educación, abastecimiento y ayuda humanitaria, especialmente en zonas con alta marginación y escasa presencia institucional.
En el documento se reconoce además que habitantes de la región han mantenido labores permanentes de vigilancia comunitaria durante más de 15 días para proteger a sus familias ante el clima de violencia.
Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a los gobiernos federal, estatal y municipal para implementar de manera urgente medidas de prevención y protección, garantizar condiciones de seguridad para la población civil, atender las denuncias de las comunidades, fortalecer los mecanismos de monitoreo y alerta temprana, asegurar el acceso a ayuda humanitaria y establecer canales permanentes de comunicación con las localidades para evitar nuevos desplazamientos y una mayor escalada de la violencia.
Lo anterior se da luego de que autoridades de Guajes de Ayala revelaran enfrentamientos en la comunidad y rutas del crimen organizado.
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ksh
