En diferentes ciudades de Estados Unidos hay por lo menos 300 personas que salieron de Guerrero a causa de la violencia, quienes, en caso de ser deportados, estarían en riesgo de ser víctimas de agresiones directas.
De acuerdo con Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro de Derechos Humanos "José María Morelos y Pavón", entre 2017 y 2018 se generó una fuerte confrontación entre grupos de civiles armados que se disputaban el control de la Sierra, particularmente los límites entre los municipios de Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo.
Los capítulos generados por el desplazamiento de familias completas quedaron registrados en comunidades como Polixtepec, Filo de Caballos, Los Morros, Campo de Aviación, El Naranjo, Tepozonalco, Iyotla, Tres Cruces y La Laguna, entre otras.
En un principio, alrededor de mil personas se concentraron en el auditorio de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, pero ante la prevalencia de la violencia muchas familias terminaron por retirarse definitivamente del municipio y, más tarde, del estado, dejando sus viviendas, tierras de cultivo y hasta animales de crianza completamente abandonados.
El Centro Morelos tiene un registro de 290 personas que recurrieron al asilo para pasar a los Estados Unidos y, de esa manera, escapar de la violencia generada por el crimen organizado.
Sin embargo, refiere que hay más personas que salieron de la cabecera municipal durante los días de la confrontación, entre 2017 y 2018, de los que no se tiene un registro ni seguimiento puntual.
Aunque hasta el momento ninguno de los guerrerenses ha sido deportado, el Centro Morelos ya estableció el contacto con ellos y busca la coordinación con organizaciones civiles establecidas en el vecino país para asesorarlos, en caso de que algunos llegaran a caer en manos de las autoridades migratorias.
Admitió que existe mucha preocupación, ya que, a pesar de que han pasado más de seis años, la Sierra y particularmente la zona de Chichihualco se mantiene en el centro de una pugna entre dos organizaciones delictivas.
La abogada Rosales refiere que, a ocho días de la instalación del segundo gobierno de Donald Trump, los guerrerenses que obtuvieron el asilo por acreditar ser víctimas de desplazamiento por la violencia del crimen organizado ya se están agrupando a través del WhatsApp, para efecto de mantenerse en contacto y emitir las alertas correspondientes en cuanto sea necesario.
EHR
