El gobierno del estado de Chihuahua solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) medidas firmes y urgentes para frenar el flujo diario de miles de migrantes que llegan a Ciudad Juárez en tren.
La gobernadora Maru Campos subrayó que la responsabilidad de diseñar y ejecutar la política migratoria, junto con los instrumentos institucionales, recae exclusivamente en el gobierno federal.
La mandataria hizo un llamado apremiante para que se cumplan los acuerdos pactados en la reciente Reunión de Coordinación del 22 de septiembre, presidida por el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, y el general de División D.E.M., Norberto Cortés Rodríguez, con la participación de Troy Miller, comisionado de CBP del Gobierno de Estados Unidos, y Manuel Padilla, asesor general del CBP.
Durante esta reunión, se acordó en conjunto con Ferromex la identificación de puntos estratégicos para el rescate de migrantes: “acciones que al momento no han generado resultados positivos, pues continúa el arribo a la frontera de miles de migrantes que viajan por este medio”.
Se solicitó con urgencia la descongestión de la frontera mediante el retorno inmediato de los migrantes a sus lugares de origen, utilizando vías aéreas y terrestres, un paso que tampoco se ha materializado.
A pesar de los acuerdos alcanzados en dicha reunión, el flujo de migrantes sigue aumentando sin una debida atención por parte de las autoridades federales, lo que pone en peligro la seguridad de los migrantes y tiene un impacto social y económico que afecta actualmente a los residentes de Ciudad Juárez, declaró el Gobierno de Chihuahua.
El cierre de los puentes y la duplicación de las inspecciones de los camiones de carga como resultado de la crisis migratoria han generado pérdidas económicas estimadas en alrededor de 40 mil millones de dólares, además de afectar los empleos relacionados y la cadena de suministro.
MO
