El caso de las ex residentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que aparecieron en una fotografía con un pie amputado ya llegó al terreno de lo penal.
Según los abogados de las afectadas, Ofelio Garza y Eduardo Peña, las jóvenes fueron citadas para declarar ante la Procuraduría General de la República (PGR); sin embargo, no se les ha notificado cuál es el delito por el cual se les persigue.
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Los defensores señalaron que Ana Paulina Sánchez y Carolina Domínguez fueron despedidas de la Clínica 25 del IMSS en Monterrey tras la publicación de una fotografía que se hizo viral en redes sociales, pero el instituto admitió que en ningún momento hubo una investigación del caso.
Incluso, un tercer estudiante involucrado en la captura de la imagen no tuvo ninguna sanción y continúa desempeñando sus labores como residente.
Luego del revuelo que causó la difusión del material, el entonces director nacional del Seguro Social, Mikel Arriola, advirtió que interpondría una denuncia penal en contra de las ex residentes de Anatomía Patológica, la cual ya fue presentada; no obstante, los abogados aseguraron que no existen suficientes elementos para configurar un delito.
Además, mencionaron que las dos jóvenes han sido hostigadas por elementos de la Policía Federal Ministerial en sus residencias actuales –en Michoacán y en Sonora– para exigirles presentarse a comparecer ante la PGR, lo cual consideraron es una “persecución injusta”.
Por el momento agotarán las instancias y los recursos legales al alcance para poder combatir el veto del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (Enarm) y la inhabilitación de un año y medio para trabajar en el servicio público médico.
Sin embargo, los abogados resaltaron que en caso de que no existan avances, podrían solicitar apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y contemplarían interponer una demanda contra el IMSS, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) admitió que existe la posibilidad de que se hayan cometido violaciones a los derechos fundamentales.
“Se les debería dejar terminar su especialidad (...); es una violación a sus derechos fundamentales”, dijo Garza.
A su vez, dijeron que desistirían de todos los recursos legales interpuestos si el IMSS revoca su inhabilitación, y si la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud –encargada de regular el Enarm–, retira su prohibición para acceder a una nueva plaza de residente en una institución médica.
A pesar de que se han enviado cartas para solicitar apoyo a la Cámara Baja y al Senado, éstas no han sido contestadas.
En la defensa de las jóvenes participan tres despachos y ocho abogados que laboran de manera gratuita.
