La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas emitió 15 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de alto nivel de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, incluyendo posibles investigaciones contra el propio exgobernador.
El fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco informó que se investigan 800 denuncias, de las cuales 200 corresponden a los últimos dos años, implicando a 458 servidores públicos de niveles altos y medios. Hasta ahora, 14 carpetas han sido judicializadas sin ser rechazadas por falta de méritos.
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“Algunas de ellas tienen que ver sí con el ex gobernador”, dijo el funcionario.
Se destacó un daño al erario superior a los 400 millones de pesos en una secretaría, además de 125 millones relacionados con la Sebien.
Las denuncias provienen del Ejecutivo estatal, la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría Gubernamental. Las investigaciones continúan, y no se han revelado nombres específicos de los implicados.
“La actividad judicializada y órdenes de aprehensión, se empezaron a reflejar hacia el último trimestre de 2024, así que, para finales del año 2024, ya se tenían 14 carpetas judicializadas, nueve personas vinculadas a proceso y se habían atendido casi 50 audiencias“.
Destacó que de las 800 carpetas que recibieron, algunos casos podrían prescribir por su antigüedad y es lo que están evaluando para que no sea así.
Dijo que hasta ayer se contabilizan 130 denuncias por diversos delitos, en contra de 15 funcionarios estatales de primer nivel de la administración del ex gobernador, Francisco Cabeza de Vaca.
“Estos mandamientos judiciales implican a varios servidores públicos del primer nivel y en términos muy generales, tenemos alrededor de 15 servidores públicos de la administración pasada. Fueron 90 denuncias al inicio de la administración de Américo Villarreal Anaya, 40 de ellas que recientemente fueron recibidas”.
Aclaró sólo en lo que va del año, se han iniciado 10 carpetas nuevas que se suman a las que ya existen por diversos hechos
Por parte de diversas instancias de la administración pública se tienen alrededor de 458 servidores públicos señalados, entre titulares, mandos superiores y también mandos medios.
“De entrada, se habla de alrededor de 86 denuncias que fueron impulsadas por el Ejecutivo, más las que se han sumado, como decía yo de la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría gubernamental, entre otras”.
Del daño al erario público estatal, explicó que aún no se puede determinar, sin embargo aclaró que el de la Secretaría de Bienestar Social es un primer contrato por 125 millones de pesos, existen otros de otras secretarías que podrían alcanzar hasta los 400 y 500 millones de pesos por dependencia, entonces el monto se podría tener cuando concluyan las etapas procesales.
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SJHN
