El informe: “¿Cuántas fosas clandestinas se encontraron realmente en México durante 2025? Lo que sabemos y los límites de lo que podemos conocer” revela que la Fiscalía General de la República reportó el hallazgo de tres puntos donde se extrajeron restos; sin embargo, en el caso de la Fiscalía de Coahuila se señala opacidad para entregar información.
El documento elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Ibero Ciudad de México, Artículo 19 y Data Cívica destaca que, ante la ausencia de una búsqueda en vida e investigaciones efectivas, las familias buscadoras deben cavar la tierra en busca de fosas clandestinas.
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“Así como recorrer fosas comunes y servicios médicos forenses, donde la falta de registros homologados complica aún más la localización e identificación de sus seres queridos”.
Según el informe, la FGR reportó en todo el país el hallazgo de 32 fosas clandestinas distribuidas en seis entidades del país. En el caso de Coahuila, fueron tres en el municipio de San Juan de Sabinas.
“Tamaulipas concentró la mayor cantidad con 15 fosas (46.9% del total): 14 en el municipio de Matamoros y una en Llera. Le sigue Jalisco, con seis fosas en el municipio de Teuchitlán (18.8%), y Guerrero con cinco (15.6%), de las cuales cuatro se localizaron en Acapulco de Juárez y una en Taxco de Alarcón. Las seis fosas restantes se distribuyeron en tres estados: Coahuila, con tres en el municipio de San Juan de Sabinas (9.4%); Michoacán, con dos en Tacámbaro (6.2%); e Hidalgo, con una en Tenango de Doria (3.1%)”, establece.
Además, refiere que las fiscalías locales reportaron muchas más fosas mediante solicitudes directas de información y esto evidencia inconsistencia con la base de datos nacional.
“De hecho, las respuestas de las fiscalías estatales permitieron documentar 651 fosas clandestinas en 16 entidades durante 2025. El panorama es muy distinto al de la FGR, que solo reportó 32 fosas en seis estados”.
El documento destaca también la falta de transparencia en varias entidades del país, pues en estados como Coahuila, la Fiscalía del Estado pidió prórroga para contestar y no cumplió con su obligación por ley.
“Las justificaciones por las cuales las autoridades respondieron con información que no permite analizar los hallazgos fueron múltiples. En algunos casos, simplemente no entregaron datos: Baja California reservó la información por cinco años; Coahuila solicitó una prórroga y, una vez vencida, no emitió respuesta; Nayarit tampoco respondió, mientras que en Hidalgo la solicitud concluyó con una resolución de incompetencia”, concluye el informe.
daed
