La empresa farmacéutica Rubio Pharma y Asociados S.A. de C.V. rechazó los señalamientos relacionados con una presunta protección al Dr. Maximiano Verduzco, quien permanece prófugo de la justicia luego de que varias personas fallecieran tras recibir sueros vitaminados en su clínica.
José Luis Rubio Pino, presidente del corporativo, declaró ante medios de comunicación que la relación comercial con el médico fue limitada y aseguró que el último pedido realizado a la empresa tuvo un valor inferior a 500 mil pesos.
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“Dicen por ahí que yo estoy protegiendo al médico, no tengo ningún contacto, yo estoy liberado por completo, mi negocio está trabajando. Pueden hablar con Coesprison, con Cofepris. Al médico no lo he visto, les puedo decir que, los últimos cuatro años, lo máximo que me compró fueron medicamentos por 484 mil pesos.
"Si vemos el volumen de consulta que estaba haciendo, es imposible, la última vez que me compró fue en marzo y fueron 10 cajas diferentes de 10 ampolletas”, dijo.
El empresario sostuvo que Verduzco también adquiría productos de otras empresas proveedoras, por lo que consideró que los señalamientos dirigidos contra Rubio Pharma carecen de sustento al no tomar en cuenta el conjunto de proveedores con los que el médico mantenía operaciones.
Hasta el momento, continúa vigente una recompensa de 500 mil pesos para quien proporcione información que permita localizar a Maximiano Verduzco.
Buscan a doctor por aplicación de sueros vitaminados en Sonora
En abril, el fiscal general de Estado de Sonora (FGES), Gustavo Salas Chávez, informó que el organismo mantiene abiertas al menos ocho carpetas de investigación en contra del médico presuntamente vinculado con la aplicación de sueros vitaminados.
Indicó que malas prácticas médicas se perfilan como la principal línea de investigación en el caso de las personas que murieron en Sonora tras la aplicación de los sueros en una clínica homeopática.
Ahora Maximiliano Verduzco es buscado por el delito de homicidio culposo, y para su localización, se ha solicitado el apoyo de fiscalías estatales, así como de autoridades del gobierno de Estados Unidos.
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