La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas se encuentra entre las que más dependen de las detenciones en flagrancia para iniciar investigaciones penales, de acuerdo con un estudio de México Evalúa.
La Radiografía de las Fiscalías en México 2026, elaborada por el organismo con datos de 2024, indica que el 63.7% de las carpetas de investigación abiertas en el estado comenzaron con una persona detenida. Los datos corresponden al penúltimo año de la gestión de Irving Barrios al frente de la institución.
Tamaulipas entre las entidades con mayor dependencia de este tipo de casos
Esta proporción coloca a Tamaulipas entre las entidades con mayor dependencia de este tipo de casos. Solo Nuevo León, Sonora y Durango registran porcentajes superiores. El dato contrasta con la media nacional, donde únicamente el 33.7% de los asuntos iniciados por las fiscalías estatales comienzan con una persona detenida, mientras que la mayoría deriva de denuncias ciudadanas sin un responsable identificado al inicio de la investigación.
De acuerdo con el estudio, este indicador permite observar cómo están funcionando los sistemas de procuración de justicia en el país. Cuando una fiscalía depende en gran medida de la flagrancia, buena parte de su carga de trabajo proviene de personas sorprendidas durante o inmediatamente después de la comisión de un delito, es decir, casos en los que la intervención policial ya aportó elementos iniciales para integrar una carpeta.
Delitos de mayor complejidad requieren investigaciones prolongadas
Sin embargo, los especialistas de México Evalúa advierten que los delitos de mayor complejidad rara vez se resuelven mediante flagrancia. Conductas como secuestro, extorsión, desaparición de personas, corrupción, lavado de dinero o delincuencia organizada suelen requerir investigaciones prolongadas, análisis de información, labores de inteligencia, trabajo pericial y seguimiento ministerial para identificar a los responsables.
El informe señala que una elevada proporción de asuntos iniciados con detenidos puede interpretarse como una señal de que una parte importante de los esfuerzos institucionales se concentra en procesar casos que ya fueron parcialmente resueltos por las corporaciones policiales. En contraste, las investigaciones construidas desde cero a partir de denuncias ciudadanas continúan representando un desafío para muchas fiscalías.
Te recomendamos
En ese contexto, el estudio plantea interrogantes sobre la capacidad institucional para investigar delitos que no se resuelven mediante detenciones inmediatas. Si bien el elevado porcentaje de casos iniciados con detenidos puede reflejar actividad policial y capacidad de reacción ante hechos delictivos, también obliga a evaluar qué tan efectiva es la Fiscalía para construir casos propios, integrar evidencia y judicializar asuntos complejos que requieren algo más que una captura en flagrancia.
Datos corresponden a un periodo en el que Irving Barrios
Los datos corresponden a un periodo en el que Irving Barrios Mojica se desempeñaba como titular de la institución. Permaneció al frente de la procuración de justicia durante nueve años: siete en la entonces Procuraduría y dos en la Fiscalía General. Su gestión comenzó en 2016, con el arranque de la administración del entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
El documento también apunta que la mayoría de las fiscalías continúan operando bajo esquemas heredados del antiguo sistema penal, privilegiando la integración de expedientes y la acumulación de carpetas por encima de una investigación orientada a resultados.
A pesar de casi una década de funcionamiento pleno del sistema acusatorio, el estudio concluye que muchas instituciones aún no han redefinido con claridad su papel como responsables de construir casos sólidos y sostenerlos ante los tribunales.
México Evalúa advierte además que la dependencia de la flagrancia no debe analizarse de manera aislada. Explica que este indicador debe contrastarse con la legalidad de las detenciones determinadas por jueces de control, ya que una política enfocada únicamente en incrementar capturas podría generar incentivos para realizar detenciones arbitrarias o deficientemente sustentadas.
